El radical advirtió que Gils Carbó, “tendrá libertad de acción sin rendición de cuentas, poniendo y sacando fiscales sin los debidos procesos”.
El diputado nacional Manuel Garrido (UCR) remarcó este miércoles las “deficiencias” del paquete de implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, especialmente en lo que refiere a los controles del Ministerio Público Fiscal y el nombramiento de jueces subrogantes.
En cuanto al primer proyecto, el miembro informante del radicalismo denunció que “estamos generando un organismo sin frenos y contrapesos básicos en una democracia”.
“Estamos estableciendo una monarquía dentro de nuestro sistema democrático: no existen organismos de control internos ni externos de la Procuración que puedan revisar sus acciones y tampoco garantiza un buen funcionamiento que el cargo sea vitalicio o que nombre a su propio reemplazo”, explicó el legislador.
Según advirtió durante la sesión, la actual jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, “tendrá libertad de acción sin rendición de cuentas, poniendo y sacando fiscales sin los debidos procesos”.
“La propia Gils Carbó admitió no tener auditoría sobre sus gastos. El único control que establece la ley es la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, que en 20 años no se ha establecido”, se quejó Garrido.
También criticó que no haya un control sobre cómo se ejercen las escuchas, que ahora están bajo el ámbito de la Procuración y que “incluso el doctor Alberto Binder consideró que debía haber un defensor de datos para evaluar qué pasa con las escuchas y la información remanente”.
Respecto del inicio de la reforma, sostuvo Garrido que “no se comprende la decisión de limitar la reforma a la justicia penal nacional que funciona en la Ciudad de Buenos Aires y no aplicarla en los Juzgados Federales que se ocupan de los delitos de criminalidad económica, narcotráfico, corrupción y trata de personas”.
Por eso, el exfiscal anticorrupción sostuvo que “en lugar de eficientizar la justicia que afecta más gravemente la convivencia social, estamos modificando la justicia que se dedica a los delitos contra la propiedad”.
“Hay un acuerdo implícito y evidente con los jueces federales que no quieren ceder su poder a cambio de que este año electoral no avancen con las causas de corrupción. Dejamos que muchos jueces penales federales conserven su poder, en vez de avanzar con la reforma que era para desmantelar esas organizaciones subterráneas de la Justicia”, denunció.
