La iniciativa que crea la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) fue aprobada en un plenario de comisiones de Diputados.
Las comisiones de Transporte, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron este jueves un proyecto que declara “servicio público esencial” a la prestación de los servicios de navegación aérea y establece la modalidad y tipo de estas prestaciones.
La iniciativa fue impulsada por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y ya cuenta con media sanción del Senado.
El proyecto crea la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), que quedará integrada por el Ministerio del Interior y Transporte y el Ministerio de Defensa, y estará facultada para la prestación de servicios también a terceros Estados.
Una vez constituida, se transferirán a la EANA las funciones de “control operativo de la prestación del Servicio Público de Navegación Aérea y de coordinación y supervisión del accionar del control aéreo” asignadas en la actualidad a la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo con sus respectivas competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios, así como la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso.
La futura ley establece que “la actividad que se despliega en el marco del Servicio Público de Navegación Aérea deberá garantizar la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea”.
Asimismo, la EANA S.E. deberá “promover la innovación tecnológica, capacitar y/o facilitar la capacitación y profesionalización del personal conforme a los estándares internacionales, asegurar el compromiso ambiental, garantizar la representación de la comunidad aeronáutica, gestionar con eficacia y eficiencia, establecer un sistema de gestión de la seguridad operacional”.
También tendrá que “crear y dar cumplimiento a un plan de negocios que equilibre la seguridad operacional con la productividad y el respeto del derecho de los trabajadores, alcanzar un liderazgo en la región, lograr el autofinanciamiento y revertir en dicha actividad las ganancias que se obtengan”.
En relación a los derechos que se les garantizan a los trabajadores, el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde (FpV) aseguró que “el empleado público tiene estabilidad propia, no puede ser despedido sin justa causa. Eso está detallado expresamente en el artículo 18 de esta ley. No se violará ningún derecho y nosotros en esta ley los estamos estableciendo con claridad”.
Por su parte, el diputado Juan Mario Pais (FpV) dijo que “la norma apunta a brindar una solución jurídica apta para el desempeño de la compleja labor que tiene este sector. No estamos creando una sociedad anónima, sino sociedad del Estado, la cual es una figura jurídica muy importante”. Y recordó: “En los años ‘90 las sociedades del Estado tuvieron que ser transformadas, con leyes del Congreso de la Nación, en sociedades anónimas”.
