Todos los bloques de la Cámara de Diputados acordaron un dictamen para reemplazar el Renar por una nueva agencia, que dejará de ser financiada y administrada por empresas del sector.
Los bloques políticos que integran las comisiones de Seguridad Interior, de Justicia, de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados consensuaron un dictamen para la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, en reemplazo del vigente Registro Nacional de Armas (Renar), en línea con la sugerencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La iniciativa también termina con el financiamiento de la entidad a través del cobro de formularios y aranceles que pagan los usuarios del registro, hoy administrado por fabricantes y comerciantes del sector; al tiempo que “fortalece” los mecanismos de “control y fiscalización”, informó en el plenario el director del Renar, Matías Molle.
El proyecto “viene a institucionalizar la política de control y reducción de armas de fuego”, destacó el funcionario kirchnerista en relación a la política estatal para prevenir la violencia.
La propuesta se elaboró a partir de tres proyectos: uno de Pablo Javkin y Fernando Sánchez (Coalición Cívica); otro de María del Carmen Bianchi, Jorge Rivas, Nora Bedano, Andrés Arregui, Verónica Magario y Mario Oporto (FpV); y otro de “Wado” De Pedro, Marcos Cleri, Anabel Fernández Sagasti, Mayra Mendoza y María Luz Alonso, todos de La Cámpora.
El informe oficial
El directo del Renar aseguró que desde 2003 en adelanto el Estado reconoció como un “problema” la tenencia de armas en manos de civiles, frente a lo cual se planteó cuatro objetivos: restringir la oferta y el circular de armas; invertir 
en un registro tecnológico; mayor cooperación interinstitucional, entre el Estado nacional y las provincias y entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; y la actualización legislativa, por el cual el Renar pasó de la esfera militar a la civil.
Ponderó en particular el programa de entrega voluntaria de armas iniciado en 2007: contó que se destruyeron 300 mil armas de civiles en los últimos años, de las cuales que el 80 por ciento era de origen nacional y el 94 por ciento de uso civil.
“Hoy el mercado se encuentro amesetado pero esperamos que vaya decreciendo”, dijo al respecto.
En relación al registro de tenencia de armas, Molle informó que en 2003 se contabilizaron 8.800 permisos de portaciones civiles. El número, dijo, paso a 436 en 2014 y a 215 en lo que va de 2015. “El plan de desarme fue premiado por la ONU en 2013”, subrayó.
Respaldo de todos los bloques
“Cuando hacen cosas buenas, acompañamos”, celebró Margarita Stolbizer, quien destacó el plan de desarme y la iniciativa de Argentina a nivel mundial, retomada por la ONU. “Argentina ha sido consecuencia con esta política tanto en el plano nacional como mundial”, afirmó y opinó que “el avance más importante” del proyecto consensuado es la eliminación del ente cooperador de empresas que administra el financiamiento del sector.
“La Agencia deja de ser financiada por los controlados”, destacó en el mismo sentido el camportista Marcos Cleri.
En nombre de la UCR, el mendocino Luis Petri anticipó un dictamen en disidencia parcial por considerar que la nueva Agencia debería ser controlada por el Congreso. “Hay control social”, le respondió la kirchnerista María del Carmen Bianchi.
Para Fernando Sánchez, la iniciativa es parte de una “política absolutamente necesaria para bajar la violencia y la delincuencia”.
La nueva agencia
En abril pasado, la presidenta había pedido al Congreso reemplazar el “viejo y obsoleto” Renar por una “agencia nacional” para que “la política en materia de portación y tenencia de armas” sea “una política nacional controlada por el Estado”.
De acuerdo al dictamen, la nueva Agencia tendrá como misión “la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus normas complementarias y modificatorias y demás normativa de aplicación, así como la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones que se le asignen por la presente ley”.
Además crea un Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada financiado por el Estado, que deberá usarse en “programas tendientes a la disminución del uso y proliferación de armas de fuego, reducción de accidentes y hechos de violencia ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego, sensibilización acerca de los riesgos de la tenencia y uso de armas y promoción de la resolución pacífica de conflictos”.
También deberá financiar “capacitaciones a instituciones de la educación” para prevenir la violencia armada y “promover de una cultura de paz”, así como “programas de investigación sobre el mercado de armas y el uso de armas de fuego y sus consecuencias, entre otros aspectos vinculados a la materia que puedan ser relevantes para la adopción de políticas estratégicas”.
