La Argentina se encuentra hoy en crisis. No importa que a través de las cadenas nacionales, en las que a veces se inaugura cinco veces la misma obra, o por medio del “relato” nos intenten decir, no sólo que estamos bien, sino que nunca estuvimos mejor.

A diferencia de otras veces, hoy lo que percibimos todos los días en la calle, que es la crisis económica y la pobreza que azota a gran parte de nuestro pueblo, es sólo la punta del iceberg de una crisis mucho más grande y grave: la decadencia institucional de la Argentina.

¿En qué se manifiesta ese colapso de nuestras instituciones y por qué es tan grave? Basta mencionar la corrupción casi endémica de este Gobierno que ya no se puede camuflar, el trámite exprés para la sanción de leyes que en lugar de apuro necesitarían concienzudo debate, el desdibujamiento de la división de poderes que vuelve casi meramente nominal a nuestro sistema republicano, y el avasallamiento de la Justicia. Sobre éste punto quiero detenerme hoy.

Un sistema judicial independiente e imparcial, es la única garantía de resguardo de la vida, la libertad, los derechos y los bienes de los argentinos. Como todos pudimos observar (y por qué no decirlo, padecer) en los últimos años hemos visto un recrudecimiento de los embates tendientes a debilitar y someter al Poder Judicial por parte de la facción política que tiene a cargo la conducción del Poder Ejecutivo: recordemos la fallida reforma judicial que pretendía que los jueces fueran candidatos en las elecciones, la reforma del Consejo de la Magistratura, el nombramiento de Gils Carbó, que lo primero que hizo fue preguntarle al Ejecutivo “que se espera de mi”; la persecución contra los jueces que investigan los casos de corrupción o los ilegítimos intentos de destituir a Carlos Fayt. Son sólo algunos ejemplos y podría abundar en otros muchos.

Hay una causa que es fiel ejemplo de la forma en que el Gobierno pretende someter al Poder Judicial, y es la causa AMIA con todas sus derivaciones, entre ellas el Memorándum de Entendimiento con Irán, que nuevamente vuelve a ser noticia.

Todos nos sorprendimos cuando la semana pasada, justo en el momento en que debía conocerse la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de dicho acuerdo, se decidió sin ninguna explicación posponer el dictado de la sentencia.

Evidentemente un partido debilitado a causa de sus desaciertos en la conducción del país, con cada vez menos apoyo popular y en plena campaña electoral, no podría permitirse ni la más mínima posibilidad de un fallo adverso, y menos en un acuerdo en cuya oscura negociación está implicado hasta la médula.

Tal es así que no dudaron en hacer las artimañas más groseras para asegurar el resultado que buscan, pasando por alto el reglamento del Consejo de la Magistratura, convocando fuera de los plazos previstos la reunión en la que finalmente se destituyó al juez Cabral. Los manejos que hicieron para asegurarse la mayoría impidiendo la presencia de un diputado opositor suspendiendo su vuelo (y el de los otros cientos de pasajeros que debían viajar) nos dan una clara muestra del proceder con tintes mafiosos de quienes se supone, deberían velar por el bien común de los argentinos.

No debemos olvidar que la República es una FORMA de gobierno, y lo remarco porque con esto quiero subrayar que es –entre otras cosas- un método, una manera, un conjunto de reglas y procedimientos por las cuales se ejerce el poder. Cuando tales métodos, formas y procedimientos no se respetan, sólo queda la fuerza. Y la fuerza en el gobierno, sin reglas y sin métodos… es tiranía.

La forma republicana de gobierno, siendo en ella características esenciales la división de poderes y la independencia de la Justicia, es el resguardo que tenemos los ciudadanos de nuestros derechos frente a la fuerza y la arbitrariedad de los poderosos; sean estos las corporaciones, los poderes económicos o el mismísimo gobierno.

Cuando vemos despreciadas nuestras instituciones y pareciera perderse el rumbo, qué bueno es encontrar en nuestra Constitución Nacional nuestro norte, y recordar que en su artículo 29 califica, nada menos que como traidores a la Patria, a aquellos que con sus acciones “…concedieren al Poder Ejecutivo… la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona”.

Y sería muy bueno también que los miembros de éste Gobierno, que tanto visitan Roma para sacarse fotos con el Papa Francisco, y más cuando hay elecciones, recordaran lo que San Agustín, Obispo y Padre de la Iglesia, escribió al respecto:

“Si falta la JUSTICIA, ¿qué son los gobiernos sino ‘bandas de ladrones’ a gran escala?”.

Felizmente dentro de poco tiempo los argentinos tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestra historia, en las urnas. No dejemos pasar esa oportunidad.