La senadora nacional Laura Montero (UCR-Mendoza) volvió a presentar este miércoles, frente a la negativa del oficialismo de tratar iniciativas de esta naturaleza, un proyecto de ley que crea un sistema único de asignación monetaria mensual para todos los niños y niñas argentinos, o nativos por opción, hasta los 18 años de edad, que residan en el país; las mujeres embarazadas que acrediten tres años de residencia en el país; y las personas que acrediten discapacidad.

La actual vicegobernadora electa de la provincia de Mendoza explicó que “este programa pretende tutelar el derecho de la niñez y adolescencia, de manera igualitaria en toda la Nación, independientemente de las condiciones de sus padres, ya sean trabajadores informales, registrados, autónomos o monotributistas”.

“El programa se desarrolla como un sistema único y universal de asignaciones a la niñez, fusionando todos los subsistemas actuales, tales como la asignación universal por hijo, el régimen de asignaciones familiares y las deducciones sobre el impuesto a las ganancias por cargas de familia. De esta manera se tiende a la equidad del sistema, ya que en la actualidad en la República Argentina existen diferentes subsistemas de asignaciones, los que genera marcadas inequidades entre los niños y jóvenes”, señaló.

La legisladora radical destacó que “es muy importante contar con un sistema de asignaciones a la niñez único, universal e igualitario consagrado por ley del Congreso de la Nación con un régimen de actualización automática conforme la ley 26.417. Ello implica que la República Argentina asuma como política de estado de la defensa de los derechos de los niños, evitando que tales transferencias queden expuestas a la discrecionalidad del gobernante de turno. Desde el 2010 se han presentado sólo en el Senado 30 iniciativas con respecto a este tema y el oficialismo se negó a tratarlas. Desde el 2010 las actualizaciones de la Asignación Universal por Hijo se presentaron como iniciativas del oficialismo cuando sólo se estaba reconociendo la pérdida del valor de la misma por la inflación creciente, salvo en el 2013 cuando se utilizó con fines electorales, otorgando un incremento mayor a la inflación y cambiando la actualización de septiembre a junio. Estas actualizaciones fueron un 13,5% en promedio inferior a lo que correspondía según la Ley 26.417. Es decir, la discrecionalidad perjudicó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y los dejó a merced de los vaivenes políticos”.

Por último, es importante destacar que el programa se financia con los aportes y contribuciones que los mismos trabajadores registrados realizan y adicionalmente mediante partidas que el PEN deberá contemplar en el Presupuesto de cada año.