El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley que crea el cargo de Procurador Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

La presidenta del bloque de senadores del FpV-PJ, la legisladora peronista Cristina Fioramonti, autora de la iniciativa, declaró que el proyecto “crea el cargo de Procurador Permanente del Jurado de Enjuiciamiento quien tendrá a su cargo velar por el cumplimiento del impulso procesal en las actuaciones y representar subsidiariamente a las personas físicas o jurídicas que efectuaran denuncia sin patrocinio letrado ante la Comisión Bicameral”.

“Lo que se pretende es crear una figura que impulse el procedimiento para que jueces denunciados como Piombo y Sal Llargues, no tengan una cobertura corporativa que burle la investigación” enfatizó Fioramonti.

“La ley 13.661 del año 2007 conformó un importante cambio en el régimen legal del Jurado de Enjuiciamiento, de manera de adecuar a la Constitución el instituto que tiene como único objeto la consideración de las faltas de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial, con excepción de los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General y el Subprocurador General” explicó la Senadora.

“Esta iniciativa -continuó Fioramonti- se enmarca en nuestra pelea por una mayor democratización de la Justicia. Hace tiempo que venimos planteando en consonancia con el Gobierno Nacional, una modernización del Poder Judicial, traducida en una mayor cantidad de órganos y la cada vez más amplia “judicialización” de los derechos”.

La senadora oficialista sostuvo “en este marco, y considerando la naturaleza del propio Jurado de Enjuiciamiento como órgano no permanente, la periodicidad de los mandatos de sus integrantes legisladores, la necesidad de reforzar las garantías en lo que hace al debido proceso, y la expectativa pública de que las conductas denunciadas de tan altas magistraturas sean consideradas con estricto cumplimiento de los plazos legales, que se hace necesario crear un órgano que tenga como función específica el velar por el cumplimiento del impulso procesal de las actuaciones, y representar a aquellas personas físicas o jurídicas que efectuaren denuncia sin patrocinio letrado y que no fueran patrocinadas por cualquiera de los demás habilitados para acusar por la propia ley”.

“De esta manera se pretende evitar que esa facultad constitucional de denunciar que se emparenta en algún sentido con una verdadera acción popular, resulte ilusoria” dijo Fioramonti, y agregó “la experiencia acumulada desde el año 2007 nos permite vislumbrar que muchas cuestiones se retardan más de lo necesario, sin que sea posible imputar esa situación a alguien en particular. Por lo que entendemos que es necesario un órgano que, sin estar comprometido con la instrucción, represente en este tribunal constitucional el interés público”.