El diputado Manuel Garrido presentó ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°10, a cargo de la doctora Liliana Heiland, un amparo solicitando que se dejen sin efecto las designaciones de los 57 conjueces designados por la presidenta Fernández de Kirchner el pasado 1 de julio a través de los decretos 1260/2015, 1261/2015, 1262/2015, 1263/2015, 1264/2015, 1265/2015, 1266/2015, 1268/2015, 1269/2015 y 1270/2015.

Garrido fundó la petición de declaración de nulidad de los acuerdos prestados por el Senado y de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo por incompetencia, falta de causa y violación de la ley, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que tanto los acuerdos del Senado como los decretos del PEN se basaron, respectivamente, en listados de candidatos que habían perdido vigencia y en una ley derogada (Ley 26376).

De acuerdo con el diputado, el 13 de noviembre de 2014 y el 6 de mayo de 2015 ingresaron al Senado la lista de conjueces confeccionadas por el Ejecutivo de acuerdo a la Ley 26.376.

El 10 de junio de este año dicha ley fue derogada expresamente por la Ley 27.145, que estableció el nuevo procedimiento para la designación de jueces subrogantes. El día 18 de julio, fecha en que entra en vigencia esta nueva ley, los candidatos de las listas del Ejecutivo no habían obtenido acuerdo del Senado.

Los acuerdos prestados por el Senado aquí impugnados tuvieron lugar el 1° de julio de 2015, 13 días después de la entrada en vigencia de la nueva ley de subrogancias 27.145 y cuando, en consecuencia, los listados de candidatos a conjueces habían perdido vigencia.

En efecto, en la sesión del plenario del Senado del 1º de julio, en abierta violación a la ley, se les prestó acuerdo a los listados para designar conjueces ingresados a esa cámara entre el 13 de noviembre de 2014 y 6 de mayo de 2015.

De igual modo, Garrido sostiene que “haciendo caso omiso de lo ordenado en la nueva ley y a sabiendas sin duda de la pérdida de vigencia de esos listados, el 2 de julio del corriente año, invocando expresamente el artículo 3º de la derogada ley 26.376, la presidenta de la Nación y el ministro de Justicia de la Nación firmaron los Decretos designando a los candidatos”.

Garrido sostiene que “lo más relevante de la nueva Ley de Subrogancias, en este caso, es la pérdida de la facultad del presidente de la Nación para confeccionar los listados de candidatos a conjueces, ya que quedan en cabeza del Consejo de la Magistratura exclusivamente y, por otro lado, la pérdida de vigencia de los listados de candidatos que no contaban a la fecha de su entrada en vigencia con el acuerdo del Senado. Y justamente, los jueces de las listas cuestionadas no tenían el acuerdo senatorial al 18 de junio de 2015”.

“Es ridículo que luego de no haber confeccionado una lista de subrogantes durante todos los años en que la presidenta Fernández estuvo al frente del Poder Ejecutivo y a pesar de haber obtenido una ley de subrogancias extremadamente beneficiosa para el oficialismo, al extremo de consagrar varias inconstitucionalidades, a la exitosa abogada que ocupa la primera magistratura le haya quedado atrapada entre dos leyes una lista de 57 amigos a los que no había confirmado en su nuevo rol de conjueces y a los que nombra ahora, sin vergüenza y esperando que esta tropelía pase desapercibida”, concluyó el legislador radical.