Los candidatos del frente Progresistas Margarita Stolbizer, Manuel Garrido y Rafael Gentili solicitaron a la justicia que ordene al Estado Nacional que se abstenga emitir publicidades en medios audiovisuales durante el período de campaña previo a las PASO y a las elecciones generales, a excepción de aquellas que sean imprescindibles para garantizar la seguridad y la salud pública de la población o para informar, de modo imparcial sobre cuestiones directamente vinculadas al desarrollo de las elecciones.

En la presentación consideraron que “la desigualdad de condiciones a las que el oficialismo somete a los candidatos de la oposición por la utilización indebida de la publicidad oficial y la magnífica suma de dinero proveniente del erario público con claros fines proselitistas a fin de promover a sus candidatos es tremenda”, y agregaron: “Es necesario frenar esta conducta generalizada de utilizar abusivamente la publicidad oficial, pagada con fondos públicos, es decir, pagada por todos los ciudadanos, para evitar que en estas elecciones, nuevamente, se vuelva a vulnerar nuestro derecho a disponer de las mismas posibilidades de propaganda que tiene el partido político de gobierno, así como nuestro derecho a la libertad de expresión y el del resto de los partidos políticos y de la ciudadanía y el derecho al sufragio”.

Consideraron que “es una constante a lo largo de todo este gobierno la emisión de publicidades oficiales haciendo propaganda de su gestión que, además, los años electorales aumenta indisimuladamente y se concentra en la publicidad de las obras a cargo de los funcionarios que son candidatos. Incluso, acompañadas de fotos de los candidatos”.

Además, agregaron, “estas publicidades suelen emitirse en el horario y durante los programas de mayor audiencia y durante la transmisión de los partidos de Fútbol para Todos, donde el televidente no tiene la opción de ver los partidos por otro canal de televisión, por lo cual el gobierno se asegura de que el mensaje electoral llegue a todos”.

Los denunciantes consideraron que “es evidente que el partido político a cargo del Gobierno cuenta con fondos y recursos publicitarios que utiliza de modo “partidista” o “propagandístico” para promover la figura de funcionarios que se presentan a las elecciones” y concluyeron “esto es no solo ilegal, sino que plantea una desigualdad para los partidos y para la ciudadanía, afectando no solo la llegada de fondos públicos a los lugares donde son verdaderamente necesarios, sino también al resto de las opciones políticas, en contra del sistema republicano”.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Electoral a cargo de la doctora María Romilda Servini de Cubría.