La oposición cuestionó la participación de la Policía Metropolitana en el operativo autorizado por el juez Claudio Bonadío, recientemente apartado de la causa Hotesur por la Sala I de la Cámara Federal.
En la sesión de este jueves, el bloque del Frente para la Victoria pidió insertar, en la alteración del orden del día, un pedido de informes sobre la participación de la Policía Metropolitana en el operativo llevado a cabo el 13 de julio, en la provincia de Santa Cruz. El operativo, autorizado por el juez Claudio Bonadío, se realizó para buscar información en las oficinas en Río Gallegos de las empresas Idea SA, de Máximo Kirchner, y Valle Mitre.
La autora del proyecto, que finalmente no alcanzó el quórum para ser tratado, Paula Penacca (FpV), sostuvo que el traslado de 54 efectivos de la Policía Metropolitana hacia Santa Cruz “deja al descuidado a los vecinos”. Además, enfatizó en “los fondos públicos que se utilizaron” para el operativo.
Penacca expresó que “nos preocupa centralmente que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que ha hecho es ayudar a un juez que tiene enemistad con los acusados”.
La diputada kirchnerista señaló que “se están poniendo los intereses políticos de la corporación judicial y mediática por encima”.
A su turno, el diputado Cristian Ritondo (Pro) le dijo al bloque K que tendrían que hacer una “presentación judicial más que un pedido de informes”, ya que “la Policía Metropolitana puede estar sometida a la utilización de cualquier juez” porque cumple con la ley de seguridad, sancionada en 2007 por el Congreso Nacional.
“La Policía Metropolitana y el Gobierno de la Ciudad se sometieron a lo que dice la ley”, manifestó el vicepresidente primero de la Legislatura.
Por su parte, la jefa del bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, resaltó que “no había ninguna obligación de trasladar esta cantidad de efectivos y pagar los costos de este operativo”. La legisladora continuó diciendo que el operativo fue “un show mediático que montó el juez Bonadío junto a la Policía Metropolitana”. “No tenía que ver con ningún delito cometido en la Ciudad de Buenos Aires”, agregó.
Al momento de tomar la palabra, el diputado José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro) habló de “connivencia” y de un Gobierno de la Ciudad que “presta la Policía a una operación política, y se la niega a la ciudadanía en los hospitales y las comunas”. Y dijo que lo hacen para “desprestigiar a este Gobierno, porque no ven otra posibilidad de golpearlo”.
El legislador Jorge Aragón (FpV) consideró que “no había un allanamiento, no era necesaria la cantidad de efectivos que fueron, 54 policías”. Y subrayó que “fue un despropósito tamaño gasto para sólo buscar la información en dos libros”.
Por otro lado, el diputado Alejandro García (Pro) sostuvo que “las fuerzas de seguridad son auxiliares de la justicia” y “ninguna fuerza de seguridad puede decir qué órdenes judiciales quiere cumplir”.
“Algunos se quieren llevar puesta la República en la Nación Argentina”, disparó y dijo que “nosotros respetamos la república y la división de poderes, por eso se cumple la orden judicial”.
“No busquemos argumentos para no avanzar con las causas judiciales”, finalizó García.
En tanto, Claudia Neira (FpV) insistió en que “estamos claramente ante un hecho político”. “Fue un instrumento claro de poderes que están detrás de él”, expresó y agregó que “por supuesto que hay que cumplir las órdenes judiciales, pero tienen que ser lícitas para cumplirlas”. Por su parte, Marcelo Ramal (FIT) tomó la palabra para decir que era una discusión entre “dos socios de muchos años en la Legislatura”. “Acá está el bloque que le dio los votos y colaboró para su creación”, en referencia al bloque del Frente para la Victoria que apoyó la creación e la Policía Metropolitana con sus votos.
“El kirchnerismo bebe de su propia medicina”, sentenció el legislador de la izquierda.
Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) le contestó que “nunca nos arrepentimos de votar para aprobar la creación de la Policía Metropolitana”. La diputada se refirió al procesamiento de Mauricio Macri, por la causa de escuchas ilegales y dijo que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad “usan a la justicia como mano de obra de algunos medios de comunicación” y “mantienen en vilo a la opinión pública”.
Cerruti calificó como un “momento complicado y triste de la justicia”, y denunció: “ustedes los republicanos son los que utilizan a la justicia y los medios”.
Desde el otro sector del recinto, el diputado Héctor Huici (Pro) sostuvo que “no había más remedio que cumplir la solicitud”.
“Se está intentando aprobar un pedido de informes no por la Policía Metropolitana en sí, sino por la causa que es”, señaló Huici, y destacó “los problemas” que el Gobierno nacional tiene con “el Poder Judicial y las leyes”. Además, recordó el procesamiento que pesa sobre el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.
“Es sabido que la industria hotelera es una de las formas más utilizada para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas”, afirmó el legislador en referencia a la causa Hotesur, en la que se investiga a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a su entorno y al empresario Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero.
El pedido de informes rechazado solicitaba conocer qué funcionario ordenó el operativo, cuál era su objetivo, qué cantidad de efectivos participaron, cuál fue el costo del mismo, entre otros aspectos.
