Por Claudio Lozano. Para el legislador y economista, “una vez más, el gobierno presenta como un triunfo, el lastimoso aumento del salario mínimo”.
Hemos sostenido sistemáticamente que el punto de referencia para la discusión salarial debiera ser el valor de la Canasta Familiar, la que se ubica hoy en 15.734,5 pesos y en agosto llegará a los 16.317 pesos en la región metropolitana. Con este valor queda claro que el gobierno pretende que los trabajadores festejen un aumento que ubica el salario mínimo en apenas el 34% del valor de lo que necesita una familia.
Históricamente en nuestro país, cuando las relaciones sociales respondían a un patrón distributivo más razonable, los salarios básicos de convenio representaban el 80% de la canasta familiar y el salario mínimo el 60% de este último. Así las cosas y dado el valor que hoy tiene la canasta familiar, el salario mínimo debiera ser en agosto de 7.832 pesos y en enero tendría que ubicarse en 8.577 pesos. Esto implica que el gobierno popular está pagando apenas el 70% de lo que correspondería dadas las necesidades que una familia trabajadora tiene en la Argentina. (Ver cuadro N° 1).
Cuadro N° 1
Cabe consignar que este hecho es resultado del modo en que el gobierno bastardea el interesante Instituto del Consejo del Salario. En primer lugar, solo están invitados a participar aquellas centrales de trabajadores que adhieren a los lineamientos oficialistas. Es decir, que el Gobierno Nacional ha degradado el carácter democrático del Consejo del Salario.
Además, la ley establece que será el Consejo del Salario el encargado de definir la “canasta básica que se convierta en elemento de referencia para la determinación del salario mínimo, vital y móvil”. En rigor, el Gobierno nacional no sólo ha vaciado de contenido democrático al Consejo del Salario, sino que también ha incumplido expresamente con la ley al no elaborar nunca la citada canasta de referencia para la fijación del salario mínimo, vital y móvil.
En el Anexo I -que aquí adjuntamos, tomando en cuenta el artículo 116 de la ley de Contrato de Trabajo y el modo en que define el salario mínimo-, demostramos que a enero del 2016, el salario mínimo debería ser de 9.851 pesos. Es decir, que el gobierno popular acordó con los principales grupos empresarios pagar un salario mínimo equivalente al 61% del que hubiera correspondido. Con el agravante de que en la Argentina de hoy, 4 de cada 10 ocupados (dada la informalidad laboral vigente) ni siquiera accede al cobro del salario mínimo. ¿Dónde está la Argentina de la inclusión y dónde la década ganada?
