Según el diputado Pradines, un proyecto de ley busca crear la Asignación Universal por Deporte, que sería financiada con un gravamen del 1% al tabaco y al alcohol.
El diputado nacional Roberto Pradines (Demócrata de Mendoza) advirtió sobre un proyecto de ley de su par Mauricio Gómez Bull (FpV) para crear la Asignación Universal por Deporte, que sería financiada con un gravamen a la actividad vitivinícola.
“Hemos tomado conocimiento que a través de un proyecto se pretende modificar la Ley 20.655 con la intención de instrumentar una Asignación Universal por Deporte, que sería destinada a la cuota social y de escuela deportiva en los clubes adheridos, financiada con un gravamen del 1% al tabaco y al alcohol”, explicó Pradines, y agregó que “la iniciativa es llevada adelante por el diputado nacional santacruceño, referente de La Cámpora, Mauricio Gómez Bull”.
El diputado, aliado del macrismo, rechazó esta iniciativa al considerar que “las economías regionales no soportan este tipo de medidas que impactan en los costos, siendo trasladados directamente al precio final”.
El mendocino precisó que si la modificación prevista para la Ley nacional de Deportes se aprobara en el Congreso, “unos 100 millones de pesos debería aportar la vitivinicultura en concepto de nuevo tributo”.
“Referentes de la industria se mostraron muy preocupados por el avance del proyecto a nivel nacional y aseguran que esto se sumaría a la alta presión tributaria que ya tiene el sector”, dijo el legislador.
Pradines propuso, en cambio, financiar dicha asignación con una reasignación presupuestaria, o estableciendo gravámenes especiales a la venta de entradas de eventos deportivos. También planteó “incentivar a las empresas privadas que deseen aportar financiamiento, con exenciones impositivas o créditos a cuenta en gravámenes tales como Ganancias, Mínima Presunta, contribuciones patronales o ingresos brutos provinciales”, entre otros.
Por último, concluyó que “las economías regionales están en crisis y este tipo de medidas impactan directamente en los costos porque las empresas no pueden absorber ese incremento y va directamente al precio final. Varios referentes del sector recordaron que la presión fiscal de la vitivinicultura, según CAME, llegó al 51% en 2014, mientras que históricamente ese número se había mantenido alrededor del 30%”.
