El diputado nacional y candidato a renovar su banca por el Frente Progresistas solicitó este lunes al Consejo de la Magistratura las declaraciones juradas del camarista Eduardo Freiler.

Garrido realizó el pedido ya que de la información publicada en el Boletín Oficial del 18 de julio de 2012, Freiler constituyó, junto a Carla María Lago y Marcelo Rubén Sutton, la sociedad comercial Minning Pride S.A.

Esta información tomó estado público por una investigación difundida en el programa Periodismo para Todos, conducido por el periodista Jorge Lanata.

En su presentación, Garrido señaló que el juez integrante de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal participaría en una sociedad que tiene por objeto “la realización por sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, de actividades de inversión y financieras”.

Sin embargo, Garrido indicó que el artículo 9 del Decreto-Ley 1285/58 expresa que “es incompatible la magistratura judicial con toda actividad política, con el ejercicio del comercio, con la realización de cualquier actividad profesional, salvo cuando se trate de la defensa de los intereses personales, del cónyuge, de los padres y de los hijos, y con el desempeño de empleos públicos o privados, excepto la comisión de estudios de carácter honorario…”.

En el mismo sentido, el artículo 8, inc. “j”, del Reglamento para la Justicia Nacional establece que “los magistrados, funcionarios y empleados deberán observar una conducta irreprochable. Especialmente están obligados a: (…) j) No ejercer el comercio ni actividad lucrativa alguna sin autorización de la respectiva autoridad de superintendencia”.

Garrido consideró que “es claro que el ejercicio del comercio o de cualquier otra actividad especulativa es incompatible con el ejercicio de la magistratura, y que el magistrado en todo caso debe solicitar un permiso excepcional, por lo cual también le pregunté al Consejo de la Magistratura si, efectivamente, habían autorizado a Freiler para estos negocios”.

El diputado radical concluyó que “es impropio de un magistrado el desarrollo de este tipo de actividades claramente alejadas de la función de juzgar” ya que “compromete su independencia y su juicio” y “nos deja sin garantías de recibir la mejor justicia”.