Por María Elena Barbagelata. La exdiputada advierte sobre las deudas en el combate contra la violencia de género a partir del trágico femiciidio en Pilar.
Desde la marcha del 3 de junio bajo la consigna Ni Una Menos, varias mujeres murieron en circunstancias de violencia proveniente de su pareja o ex pareja. Nada parece conmover las débiles respuestas institucionales frente a esta humillante realidad que violenta los derechos humanos de las mujeres. No se aprecia ninguna reacción efectiva para evitar o siquiera intentar evitar el fatal desenlace de la violencia de género que devora la vida de cientos de mujeres.
¿Será una noticia más en la sección policial?
¿Cómo continúa nuestra sociedad conviviendo con una realidad que sigue siendo menospreciada por los responsables de diseñar y aplicar las políticas públicas de gobierno? ¿Cómo continúa nuestra sociedad contemplando la pasividad policial, judicial y fiscal? ¿Son estamentos sordos ante el reclamo popular de más justicia frente a la violencia de género?
Son preguntas elementales cuyas respuestas son complejas, pero que deben mover a la reflexión a todos los responsables con urgencia.
La negligencia en el diseño y aplicación de protocolos de actuación policial y judicial es evidente. Las leyes proveen cuantiosas medidas que se aplican deficitariamente o directamente se ignoran.
Las medidas de protección se utilizan en forma más que mecánica sin analizar el contexto ni sus consecuencias. El quebrantamiento de estas órdenes judiciales por parte del agresor debería ser considerado como un delito de desobediencia judicial y su incumplimiento acarrear sanciones penales, pero este criterio aún dista de ser uniforme.
Las denuncias se archivan sin investigación y se acumulan sin activar ninguna medida. Se crean fiscalías especializadas en algunos distritos, pero carecen de equipo interdisciplinario indispensable para asumir un rol activo que sustente las medidas de protección, con reales informes de riesgo y posibilidad de seguimiento.
Las lesiones y las amenazas son delitos típicos en los contextos de violencia intrafamiliar pero los operadores de justicia los minimizan. Es la propia víctima quien en soledad, debe asumir la carga de los procesos, incluyendo las pruebas.
No bastan líneas telefónicas para facilitar las denuncias. Son importantes sin duda alguna, pero se necesitan políticas públicas de gobierno a todo nivel y de justicia en diversos fueros, para que esas denuncias tengan el tratamiento adecuado que las víctimas merecen. Fracasar en las respuestas es tan malo –o peor- que no intentar nada.
Un Estado no puede asistir impotente ante el cuadro de violencia que muchas mujeres están padeciendo. Un Estado tiene todos los recursos. Si no los utiliza es por falta de voluntad para crear, implementar, coordinar y monitorear los mecanismos idóneos para evitar que las mujeres sigan siendo víctimas de la violación sistemática de sus derechos humanos.
Lamentablemente seguimos hoy con una menos.
*Diputada nacional MC por el Partido Socialista. Presidenta de la Comisión de la Mujer de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (F.A.C.A.).
