La diputada nacional Patricia Giménez (UCR Mendoza) reiteró que los encuestadores deben encuadrarse en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. La legisladora destacó que la acordada de la Cámara Nacional Electoral, en la que “exhorta a los encuestadores a presentar la información exigida, la cual debe incluir la metodología con que efectúan sus encuestas, como también el nombre del contratante y el monto facturado”, establece con claridad que corresponde al Congreso evaluar la revisión del régimen vigente para dotarlo de medios adecuados que garanticen su correcta observancia”.

Por eso insistió Giménez que el mejor camino es enmarcar las relaciones vinculadas con las encuestas de opinión de cualquier tipo o clase, a los términos de la Ley 24,240, fortaleciendo las figuras de proveedor y consumidor tal como expresa el proyecto de ley que presentó la legisladora hace unos días. “Si para adquirir o contratar bienes y servicios dicha norma protege al consumidor, la misma garantía de transparencia y certeza, debe ser exigible en el caso de las encuestas, no solo las políticas sino también sobre productos factibilidades etcétera, debiendo establecer quien realiza la tarea de encuestar, por quien ha sido contratado, quien paga y quien será el destinatario de los resultados”, sostuvo la diputada.

“En estos tiempos electorales las encuestas están bajo sospecha y cabe preguntarse si siguen siendo instrumentos de diagnóstico o se han transformado en parte de la propia campaña. Las encuestas pretenden tener precisión científica, así quienes proveen estos servicios deben garantizar un alto rigor técnico durante su diseño, relevamiento, procesamiento y publicación”, aseguró Gimenez.

La legisladora explicó que “en el marco de paradigma positivista creemos que los números son transparentes, que necesariamente trasmiten datos de la realidad, que no reflejan opiniones o no se encuentran enmarcados en relaciones de poder, sin embargo nos encontramos con que hay varios números para los mismos procesos sociales y allí es donde aparece la necesidad de mayor información”. Agregó que “necesitamos conocer el modo en el que se construyó ese dato, sino contamos con el proceso, entonces tenemos una información, una encuesta, que aparece como una entelequia, con vida propia, y nos perdemos el trabajo social que le ha dado origen. La información es una de las bases del sistema de protección de usuarios y consumidores, todos los que pudieran ser destinatarios o proveedores de servicios de opinión a través de encuestas, tienen que estar amparados por esta ley y las relaciones jurídicas que se describen en dicho texto, deben quedar obligadas y protegidas como relaciones de consumo”.

“Frente a la acordada de la Cámara Nacional Electoral, desde la política debemos dar una respuesta y esta ley tiene por objeto la transparencia, salvaguardando el derecho de todo ciudadano de recibir información correcta y veraz para poder evaluar y que su decisión no se vea influenciada o alterada por informaciones erróneas”, concluyó la diputada.