El kirchnerismo priorizó proyectos sobre justicia, como la reforma Procesal Penal, el traspaso de las escuchas a la Procuraduría, la cuestión Fayt y la vacante en la Corte. Pero las leyes más importantes, como ferrocarriles y AUH, salieron con acuerdo. Las omisiones y algunos temas pendientes.
Por Pablo Riveros
El último año de Gobierno de la era Kirchner será recordado por una agenda parlamentaria marcada por el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y por el acuerdo generalizado del arco político en diversas iniciativas de envergadura.
Este año la actividad parlamentaria comenzó antes de lo previsto por la inesperada muerte del fiscal Alberto Nisman, justo un día antes de la exposición que tenía programada en el Congreso para detallar su denuncia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por “acordar la impunidad” de Irán en la causa AMIA.
Se instaló entonces uno de los temas menos tocados por la clase política y la sociedad en general: la cuestión de las actividades de inteligencia del Estado.
La ley de reforma que promovió la Casa Rosada transparentó algunos aspectos del trabajo de los espías y traspasó del Poder Judicial al Ministerio Público Fiscal el sistema de escuchas telefónicas, en medio de las denuncias cruzadas por la connivencia entre políticos, jueces y agentes de inteligencia en actividades ilegales por pujas de poder.
Justicia
Iniciado el período ordinario en marzo, el kirchnerismo reafirmó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como uno de sus principales adversarios, a quien acusa de “resistir” la “democratización” de los tribunales.
En este marco, el oficialismo intentó sin éxito conseguir los dos tercios de los votos para aprobar el pliego de Roberto Carlés para ocupar la vacante en el máximo tribunal. El mérito lo tiene la oposición, que se comprometió a bloquear cualquier designación antes de que asuma el próximo gobierno.
Luego vinieron las leyes que acompañarán la implementación del Código Procesal Penal, el cual reemplazará el viejo sistema inquisitivo por otro acusatorio, donde los jueces se limitarán a juzgar y los fiscales a investigar.
Según el discurso oficial, se agilizarán las causas, las víctimas podrán participar de los procesos de investigación y habrá mayor publicidad del procedimiento procesal, entre otras cuestiones.
Aunque este cambio es aprobado por las comunidades judicial, académica y política, solo dos de las cinco normas salieron con respaldo opositor: las reformas del Ministerio Público de la Defensa y del Código Penal.
En soledad, el oficialismo aprobó la ley que regula la implementación del nuevo Código, la reforma al Ministerio Público Fiscal y el régimen de organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, que la oposición objetó por la presunta acumulación de poder en manos de la Procuraduría General, además de cuestiones técnicas.
Junto a estas leyes fue aprobada otra que hizo recrudecer las denuncias de la oposición por el intento oficial de “copar” los tribunales con magistrados a fines, atento a la transición de Gobierno.
Se trata de la Ley de Subrograncias, que en caso de un apartamiento permite al Consejo de la Magistratura determinar un reemplazante, por mayoría absoluta de los miembros presentes, con un juez o jueza de igual jurisdicción o con un miembro de la lista de conjueces confeccionada por el Gobierno nacional con acuerdo del Senado.
A poco de ser aprobada, la norma se aplicó para el desplazamiento de Luis María Cabral del cargo de subrogrante que ejercía en una sala de la Cámara de Casación Penal, justo cuando el magistrado debía pronunciarse sobre la constitucionalidad del acuerdo con Irán.
A la par, el kirchnerismo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se hizo eco de las versiones que indican que el juez supremo Carlos Fayt, de 97 años, no estaría en condiciones físicas y mentales de ejercer semejante cargo.
Así, tras la re-reelección anticipada de Ricardo Lorenzetti como titular de la Corte, los diputados oficialistas iniciaron una investigación para determinar la idoneidad del veterano magistrado, que hasta el momento no fue más que una serie de presiones verbales.
Mientras tanto, la Cámara de Senadores dio su acuerdo al Ejecutivo para la designación de una larga lista de jueces, conjueces, fiscales y defensores públicos para todo el país.
Iniciativas consensuadas
Aunque el tema justicia reafirmó el clivaje oficialismo-oposición que rige en la política argentina, el último año de gobierno de los Kirchner se encamina a concluir con una serie de leyes consensuadas de notable envergadura.
La primera fue la ley que declaró de interés público la política de reactivación de los ferrocarriles, por medio del cual el Estado debe asumir legalmente un compromiso con el desarrollo del sistema ferroviario. La iniciativa del Poder Ejecutivo contó con el respaldo del todo el arco opositor, a excepción del Frente de Izquierda, Libres del Sur, Proyecto Sur y el GEN.
Por unanimidad fueron aprobados un beneficio extraordinario a las víctimas del atentado a la AMIA y la indemnización a extrabajadores de YPF excluidos del programa de propiedad participada creado al momento de la privatización de la petrolera.
Asimismo, con solo tres abstenciones tuvo media sanción de la Cámara de Diputados un proyecto consensuado que agrava las penas por delitos viales. Esto, en caso de que el conductor se dé a la fuga y no socorra a la víctima, se encuentre bajo efectos de estupefacientes o con determinado nivel de alcoholemia, viole señalizaciones de tránsito, conduzca sin autorización o exceda la velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho.
El último ejemplo de una ley consensuada es la que establece un mecanismo de actualización automático, dos veces al año, de las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, tal como rige para las jubilaciones. En Diputados salió por unanimidad y en el Senado hubo apenas una abstención.
Por su parte, la Cámara de Senadores interrumpió las vacaciones de invierno para dar acuerdo para el ascenso de Ricardo Cundom al grado de jefe del Ejército.
Omisiones
Una de las omisiones más notables del primer semestre legislativo son los informes mensuales que el jefe de Gabinete debería brindar al Congreso.
El año pasado Jorge Capitanich se consagró como el primer ministro coordinador en cumplir con lo prescripto por la reforma constitucional de 1994. Pero lejos de esta situación, ni siquiera el arco opositor se molestó en reclamar la presencia de Aníbal Fernández en los recintos de ambas cámaras legislativas.
Vale recordar que el año pasado hubo ocasiones en que la oposición se negó a participar de las sesiones informativas en rechazo a la modalidad de las interpelaciones. Pero ahora, concentrados en la campaña electoral, los legisladores renuncian a su derecho y obligación constitucional.
Solo el diputado nacional Omar Duclós (GEN) pidió públicamente en diversas oportunidades la presencia del ministro para que rinda cuentas sobre la marcha del país.
El escenario electoral también parece haber bloqueado el avance de otro proyecto de envergadura, como es el aumento del plazo de licencias por maternidad y paternidad.
El debate en comisiones reflejó un consenso unánime para ampliar los beneficios aunque la resistencia empresarial a solventar nuevos costos parece haber pesado fuerte entre los legisladores, que jamás volvieron a tocar públicamente el tema.
Lo que vendrá
Posiblemente por unanimidad la Cámara de Diputados le de media sanción a un proyecto consensuado, y reclamado por la propia presidenta, que crea la Agencia Nacional de Materiales Controlados, en reemplazo del vigente Registro Nacional de Armas (Renar).
La iniciativa termina con el financiamiento de la entidad a través del cobro de formularios y aranceles que pagan los usuarios del registro, hoy administrado por fabricantes y comerciantes del sector; al tiempo que “fortalece” los mecanismos de “control y fiscalización”.
También con acuerdo se encaminan los proyectos para establecer debates presidenciales obligatorios y para prevenir y erradicar la violencia en el fútbol, elaborados en grupos de trabajo multipartidarios.
Al Senado le restarápara la designación de Oscar Parilli como titular de la flamante Agencia Federal de Inteligencia y definir una nueva lista conjueces para la Corte Suprema, luego de que el propio tribunal declarara inconstitucional aquella aprobada por mayoría simple en lugar de los dos tercios de los presentes.
Y todavía tiene pendiente la cuestión de la vacante en la Corte.
