Por la gravedad institucional del caso, Ricardo Vago quiere que se proteja a las personas que dieron sus testimonios en el programa Periodismo Para Todos.
El domingo se emitió en el programa Periodismo Para Todos un informe en lo que se acusó a Aníbal Fernández de estar vinculado con el negocio de efedrina y el tráfico de drogas en el país. Ante esa situación, el diputado provincial del Partido Socialista Ricardo Vago solicitó la protección inmediata de los testigos, al tiempo que denunció nuevamente la Ley de Blanqueo de Capitales y exigió que “la Justicia actúe de forma expeditiva”.
El legislador del FAP en la provincia de Buenos Aires sostiene que “el informe es de una gravedad institucional extraordinaria que requiere la pronta y efectiva intervención de la Justicia. Los testigos deben ser convocados a declarar de forma urgente y se debe conocer la verdad. A su vez deben recibir de forma inmediata protección que asegure sus vidas. La Justicia y el gobierno nacional son co-responsables de la vida y la integridad física de los denunciantes y sus familias. Las instituciones de nuestra democracia no pueden permitir que mañana aparezcan suicidados o muertos”.
En reiteradas declaraciones periodísticas el jefe de Gabinete manifestó que Argentina era un país de tránsito para el narcotráfico internacional, sobre este punto el legislador provincial afirmó: “Nadie menciona como crece el consumo de paco en las barriadas populares, cuando hay paco existen las cocinas. La droga residual envenena y destruye a nuestros jóvenes, que no poseen trabajo ni futuro en el Gran Buenos Aires”.
Por último el ingeniero Vago subrayó la existencia de la Ley de Blanqueo de Capitales (26.860), ya que sostiene que la misma “es la base legal necesaria para que avancen los negocios ilegales. No olvidemos que para atacar al narcotráfico es esencial combatir a los capitalistas que legalizan el dinero de los narcos. Hoy Argentina tiene una ley única en el mundo que facilita totalmente el blanqueo de capitales, prorrogada ochos veces desde marzo del 2013 y tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de este año. Esta ley impide a la AFIP y al Banco Central investigar el origen de los montos a blanquear. Por eso la responsabilidad del Gobierno Nacional es clara, si realmente se quiere combatir el narcotráfico se debe cuestionar políticas públicas que favorecen los negociados espurios”.
