Con vistas al acto que encabezará la mandataria este miércoles, en el que anunciaría el aumento de las jubilaciones, Manuel Garrido presentó un amparo ante la jueza electoral.
El diputado nacional Manuel Garrido presentó un amparo ante la jueza electoral Maria Romilda Servini de Cubría, solicitando que Cristina Fernández de Kirchner “cese la actividad electoral ilegal”.
De acuerdo con el escrito presentado, la presidenta y los funcionarios nacionales en ejercicio de sus funciones de gobierno deben abstenerse de participar en el acto previsto para este miércoles al mediodía en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, en el que anunciará el aumento de las jubilaciones, ya que ello está prohibido por el artículo 64 quáter del Código Electoral Nacional, ley 19.945, recuerda el legislador radical.
Garrido hizo referencia a una nota publicada en el diario La Nación este martes se informa que la presidenta de la Nación encabezará un acto en el que anunciará el aumento de las jubilaciones correspondientes al segundo semestre 2015.
El legislador consideró que “si bien el aumento semestral de las jubilaciones es una obligación legal que recae sobre el Poder Ejecutivo Nacional, no surge de la ley la obligación de publicar el número del aumento en una fecha determinada, ya que el aumento comenzaría a regir a partir de septiembre, no resulta imprescindible y la presidenta debería abstenerse de comunicarlo durante los quince días anteriores a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)”. Y agregó: “No hacerlo significaría una clara violación del Código Electoral Nacional, que dispone que ‘durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan; expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales’ y que ‘queda prohibido durante los quince días anteriores a la fecha… de las primarias, abiertas simultáneas y obligatorias y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales’”.
Garrido concluyó advirtiendo que “estamos dentro del período temporal de la prohibición y el acto indudablemente apunta a captar el sufragio a favor de los candidatos del Gobierno, que la presidenta representa, tratándose de anuncios que pueden inducir al votante. Esta conducta, como la utilización de la propaganda ilegal, son maniobras ilegales, de competencia sucia, que lo único que hacen es entorpecer la transparencia de las elecciones”.
