Sobre el Digesto y la Ley 1420

Por Héctor Daniel Tomas. El titular de la Comisión Bicameral de Digesto Jurídico tercia en la polémica planteada en torno al tema de la educación laica.

Durante las últimas semanas se suscitó una polémica en torno al Digesto Jurídico Argentino y la ley 1420 que es menester aclarar. Al fin de cuentas se trata de una cuestión técnica y legislativa, cuya explicación exige el repaso de varios puntos. Pero se puede adelantar que la decisión final de la Comisión Bicameral del Digesto se tomó en función de disposiciones de la Constitución Nación, concretamente en lo referido a la libertad de culto y al reparto de competencias entre el Estado Nacional y las provincias en materia de educación.

En primer lugar, cabe destacar que la ley 1420 vino derogada en la versión de Digesto que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación. Y luego la Dirección de Información Parlamentaria, ante una observación planteada por un grupo de investigadores de la Facultad de Derecho de la UBA, recomendó rechazarla y reiterar la postura de no vigencia. Finalmente, la mayoría de la Comisión Bicameral optó por seguir esa recomendación de la Dirección.

¿Por qué, entonces, se tomó esa decisión? Básicamente porque el contenido de esa ley fue superado por otras normas. En concreto, por otras leyes y también por la Constitución y los tratados internacionales.

La Ley 1420 fue dictada en 1884 para un territorio sujeto a la jurisdicción nacional que por ese entonces era mucho más extenso. Eran épocas del crecimiento educativo, iniciado por un famoso sanjuanino, Sarmiento. Así las cosas, la ley 1420 terminó teniendo una impronta clave en lo que fue la educación primaria a nivel nacional, instaurando su carácter obligatorio y gratuito. Y, en concreto, su artículo 8 establecía “La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clases”. Pero caben dos aclaraciones.

Primero, para ser estrictos, tampoco implicaba una educación laica total, como se ha sugerido durante las últimas semanas.

Segundo, la cuestión sobre la regulación de la educación ya comenzaba a ser una disputa entre provincias y Estado Nacional. Si la ley 1420 tuvo relevancia, fue porque en ese contexto el Estado Nacional impuso el modelo educativo básico a nivel nacional.

La Constitución originaria de 1853 se limitaba a facultar al Congreso de la Nación a dictar “planes de instrucción general y universitaria”. La reforma de 1994 añadió en el inciso 19 del artículo 75 lo siguiente: “Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.

De ese inciso cabe resaltar que la Constitución: 1) llama a respetar las particularidades provinciales; 2) prevé un principio de no discriminación; 3) y reconoce principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal.

En 1993, en paralelo, se sancionó la Ley de Federal de Educación que, a partir de la transferencia de escuelas realizada un año antes por parte del Estado Nacional a provincias y Capital Federal (a través de la ley 24049), ordenó el nuevo esquema educativo, respetando la libertad de conciencia de los educandos. Y no se negó la educación religiosa, sino que se reconoció el derecho de los padres a elegirla, y a la Iglesia y otras confesiones a prestarla dentro del ámbito educativo privado.

Respecto al tema jurisdiccional, se creó el Consejo Federal de Educación para fijar contenidos básicos comunes y se reconoció a las provincias la potestad de aprobar el currículo de los diversos ciclos, niveles y regímenes especiales en el marco de lo acordado en el Consejo.

En rigor, esta ley implicó ya una derogación implícita a la 1420. A su vez, en este esquema, el contenido de esa ley ya no tenía alcance, en tanto era una materia regulada por la nueva ley o transferida a las provincias.

Años más tarde, en 2006, se sancionó la Ley de Educación Nacional 26206, que reforzó varios de los principios consagrados en la ley anterior.

Al analizarse el tema en el Congreso, la Dirección de Información Parlamentaria entonces juzgó (y su criterio fue a su vez sostenido por la mayoría de la Comisión Bicameral de Digesto) que la Ley 1420 carece de aplicabilidad tras la aprobación de la Ley 24195 – Ley Federal de Educación – que posteriormente fuera derogada por la Ley 26206. Pero otra vez es preciso hacer algunas aclaraciones.

La educación laica está garantizada en la Constitución y en los tratados internacionales de jerarquía constitucional no en forma específica pero sí al garantizar la libertad de culto y conciencia (veáse por ejemplo el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o el 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Por ende, desde la educación pública no se podría imponer un determinado culto. Y se debe garantizar que existan ámbitos de educación gratuita y laica, y que la educación religiosa no se contraponga a esa educación básica con libertad de conciencia y culto.

En suma, se entendió que la ley 1420 fue derogada implícitamente por las leyes de educación federal y nacional y por la transferencia de las escuelas, sin que ello implique un cambio de paradigma, sino tan solo que se mantendría y resguardaría la educación laica como una aplicación directa del principio de la libertad de cultos de la Constitución Nacional.

En definitiva, la Constitución ni otras normas consagran la laicidad en escuelas públicas, pero esa condición se interpreta necesaria a partir de una interpretación armónica del ordenamiento, sin que ello implique mantener vigente el artículo 8 de la Ley 1420. Por ende, cabe concluir que, según la normativa vigente a nivel constitucional y legal, deben respetarse varios principios educativos, como la no discriminación, la libertad de conciencia, equidad, igualdad y gratuidad.

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