Ante las quejas por la caída de mampostería de la fachada del histórico local, que llevaron a preguntarse sobre la expropiación del inmueble, el Parlamento señaló que a pesar de la ley aprobada sigue siendo por ahora una propiedad privada. Críticas a sus actuales dueños.
Una información periodística dio cuenta este miércoles sobre las quejas de vecinos y comerciantes sobre el estado actual del frente de la Confitería del Molino. Puntualmente se hacía referencia a las quejas por la caída de mampostería de la fachada del edificio y se preguntaban sobre la postergada restauración, tras haber sido aprobada por el Parlamento una ley sobre su expropiación.
En ese sentido, a través de un comunicado la Cámara baja ratificó la “convicción” compartida por todas las fuerzas políticas que habitan el Congreso, como así también el Gobierno nacional, para la recuperación de un inmueble que se considera “patrimonio histórico” de la Argentina.
La ley de expropiación fue aprobada en diciembre del año pasado y ahora las tramitaciones deberán seguir un curso previo para su efectiva expropiación.
La ley (N° 27.009) autoriza al Poder Ejecutivo nacional a adquirir el inmueble y a transferirlo sin cargo al patrimonio del Congreso de la Nación. El Gobierno nacional ha iniciado los trámites correspondientes para adquirir el inmueble, que por haber sido declarado monumento histórico nacional, la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia debió requerir, antes de dictar el decreto para que avance el proceso de avenimiento y expropiación, la intervención previa de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos (CNMMLH) y de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de Jefatura de Gabinete.
Por ese motivo, a principios de agosto, se remitió el expediente a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos para que emita el dictamen correspondiente. El trámite se encuentra en el citado organismo, que debe intervenir con carácter previo y vinculante en toda modificación del estatus jurídico de un bien protegido.
Asimismo, cabe destacar que hasta que finalicen los trámites anteriormente descriptos, el inmueble del Molino es de propiedad privada y que uno de los principales obstáculos para garantizar la seguridad del edificio es “la negativa absoluta de los propietarios de permitir la instalación de andamios y redes de contención, y la realización de tareas de cateo y prevención”.
El comunicado de la Cámara de Diputados aclaró que “los fondos para su compra y para las obras están asignados y disponibles, pero la total falta de colaboración de sus actuales dueños, los mismos que dejaron deteriorar el edificio hasta la situación crítica actual, demora el trámite judicial y el acceso de los técnicos y equipos al lugar”.
