La vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados quiere incorporar al nuevo Código Civil y Comercial el texto original que el Ejecutivo eliminó de la versión final.
La diputada nacional Patricia Giménez (UCR-Mendoza) presentó un proyecto de ley para modificar el nuevo Código Civil y Comercial a los efectos de obligar al Estado a garantizar el “derecho fundamental de acceso al agua potable para fines vitales, considerándolo un derecho humano, de incidencia individual y colectiva”.
“Esta modificación del artículo 240 del Código Civil -sostuvo Giménez-, tiene el propósito de recuperar el texto original de la comisión reformadora del año 2012 que trabajó en la unificación de los códigos y que el Poder Ejecutivo cambió o eliminó, como el artículo 241, que responsabilizaba el Estado para garantizar el agua potable”.
“El texto modificado por el Gobierno y luego aprobado, si bien dice que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales sobre los bienes, muebles e inmuebles, cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general, tiene limitaciones que dan lugar a interpretaciones que pueden resultar engorrosas”, explicó Giménez.
“Por eso hay que volver a la redacción original, que establece claramente que el ejercicio de los derechos individuales no debe afectar gravemente el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales y el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial”, agregó la vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados.
“Además -continuó la legisladora-, los sujetos mencionados en al artículo 14 (en el que se reconocen los derechos individuales y de incidencia colectiva), tienen derecho a que se les suministre información necesaria y a participar en la discusión sobre decisiones relevantes conforme con lo dispuesto en la legislación especial”.
Finalmente la diputada Giménez recordó que “la Constitución Nacional, al incorporar los tratados internacionales de derechos humanos, de los que nuestro país es parte, les otorgó plena operatividad, lo que significa que cualquier texto legal queda obligado a respetar esos derechos”.
