Hoy nos encontramos frente a un nuevo paradigma en el uso de las redes sociales. Surge entonces la necesidad de repensar políticas educativas debido a los sucesivos casos sobre desaparición de jóvenes y las falsas identidades utilizadas para perpetrar hechos delictivos.

Existe una alerta social y peligros inminentes asociados a estas herramientas, por ello resulta de suma importancia legislar en este sentido.

Desde mi mandato como diputada y luego como senadora, insisto en la sanción de un proyecto de ley para crear un programa de educación en redes sociales que se desarrolle en escuelas primarias y secundarias de toda la Nación. Su finalidad es profundizar en el uso responsable de los nuevos medios de comunicación informáticos.

La tecnología avanza a pasos agigantados, por ello debemos acompañarla con reglamentación que disponga medidas preventivas en la comisión de nuevas formas delictivas. Es menester capacitar a los docentes en estos temas, así como diseñar campañas audiovisuales y gráficas sobre los riesgos del mal uso de internet.

De la mano de la familia y a través de las instituciones educativas, el Estado debe comenzar a incorporar cambios. El plano tecnológico se traspola al social; urge advertir a los más jóvenes sobre los riesgos que el inadecuado uso de las redes sociales puede ocasionar para ellos y para su entorno.

Según un estudio de ComScore, líder en medición del mundo digital, Argentina es el país que más tiempo dedica en sitios de redes sociales donde los usuarios se conectan por un promedio de 10 horas diarias.

La propuesta es complementaria y de carácter preventivo, no busca prohibir el uso de estas vías de comunicación, pero si resguardar a nuestros niños y jóvenes de los abusos y delitos cometidos a través del ciberespacio.​