La modificación de la ley del procedimiento de faltas busca garantizar el proceso administrativo. Fue aprobada por 44 votos positivos, 13 negativos y 2 abstenciones.
Los diputados porteños sancionaron una norma con el objetivo de modificar el actual Procedimiento de Faltas, establecido en la ley N°1.217. De esta manera, se incorporaron mecanismos de revisión de las resoluciones adoptadas por la Unidad Administrativa de Control de Faltas con el propósito de “dar mayor transparencia y eficacia al proceso administrativo”.
El proyecto obtuvo 44 votos positivos, 13 negativos y 2 abstenciones.
Para mejorar la calidad del servicio que se ofrece, y dar un reaseguro a los vecinos de que las faltas cometidas tienen un vasto control de la administración, se incorporaron dos instancias revisoras de las decisiones adoptadas por la Unidad Administrativa de Control de Faltas, a través de la creación de la Junta de Faltas y el Cuerpo de Agentes Fiscales.
La Junta de Faltas estará integrada por dos salas de tres miembros cada una, que actuarán en forma colegiada y serán parte del cuerpo de Controladores Administrativos de Control de Faltas. En tanto, el Cuerpo de Agentes Fiscales tendrá hasta seis miembros.
La iniciativa del legislador Francisco Quintana (Pro) habilita que la Junta de Faltas tenga intervención obligatoria en aquellas decisiones adoptadas por los controladores en los que resulte una pena igual o superior a 100.000 unidades fijas; en aquellas en que hubiere pedido de parte, siempre que la sanción sea igual o superior a 6.000 unidades a pedido del Cuerpo de Agentes Fiscales y/o en casos objetivos. A su vez, permite que el Cuerpo de Agentes Fiscales tenga la obligación de intervenir en los casos en que hubiera una condena por un monto que supere las 30.000 unidades.
Con la propuesta se procura avanzar en un procedimiento que, por un lado, genere una mayor eficacia en el control por parte de la administración central y, por el otro, garantice una mayor transparencia a las partes, con el aseguro de la doble instancia en sede administrativa.
Durante la sesión la diputada Paula Oliveto Lago (CC-ARI) justificó la oposición del interbloque ECO al proyecto argumentando que “beneficia a los más grandes infractores” y que “no es necesario crear nuevos cargos y estructura para resolver sólo el diez por ciento de las faltas, la cantidad de causas no justifica esta ley”. Además advirtió sobre “la discrecionalidad que la norma otorga al Poder Ejecutivo en la designación de funcionarios”.
