El secretario del tribunal manifestó sus reparos hacia el pedido de dirigentes de la oposición. Aclaró que la Cámara no pidió una reforma estructural del sistema electoral.
Hernán Goncalves Figueiredo, secretario de la Cámara Nacional Electoral, advirtió que "puede tener más daños que beneficios" una reforma electoral realizada en el marco de una campaña y remarcó que ninguno de los planteos de ese cuerpo en relación al sistema vigente pone en duda la "legitimidad del proceso"
"Una reforma en medio de un proceso puede tener más daños que beneficios”, señaló el secretario de Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral, quien además enfatizó que las observaciones hechas al sistema no significan que los resultados electorales no estén reflejando la "voluntad del votante".
Así lo afirmó en declaraciones formuladas a la radio FM Vorterix, en las que consignó que, en el marco del encuentro que mantuvieron con el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, le dieron detalles de lo planteado por la Cámara en la acordada difundida la semana pasada.
Allí, ese cuerpo había considerado "imperiosa" la necesidad de modificar el sistema de boletas, advertido sobre las dificultades acarreadas por un cronograma de votación extendido y pedido al Poder Legislativo perfeccionar normas.
"Estas cuestiones no ponen en duda la legitimidad del proceso; eso está fuera de discusión", aseveró Goncalves Figueiredo en la entrevista que concedió este viernes.
En este sentido, aclaró que "la Cámara no está queriendo decir, en los últimos ocho años que viene reclamando una modificación del sistema de votación, que no se puede asegurar que el resultado responda a la verdadera voluntad de los votantes" porque eso -subrayó "está fuera de duda".
Además, indicó que si bien "hay aspectos que tal vez sí se pueden actualizar sin poner en riesgo el proceso, sin perturbarlo, ninguna de las medidas que la Cámara señaló como imprescindibles de mejoramiento hacen parte de algo que estructuralmente sea indispensable para garantizar la legitimidad del actual proceso electoral".
De hecho, expresó la predisposición de ese cuerpo para "evaluar e implementar en la medida que sea posible" cualquier medida "de tipo administrativo o de capacitación” en la medida en suponga “un beneficio para el proceso electoral y no lo perturbe".
