“La decisión del papa Francisco de conceder el perdón al ‘pecado del aborto’ debe ser un llamado a la conciencia a quienes en nuestro país, dilatan e impiden el aborto no punible”, manifestó la vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Patricia Giménez (UCR-Mendoza).

“No soy abortista, pero lo que dice la ley hay que respetarlo”, remarcó la legisladora y añadió que “según lo establece el artículo 86 del Código Penal, se permite el aborto, en caso de que la vida de la mujer o adolescente corra riesgo o se trate de un embarazo producto de una violación”.

Giménez recordó que “muchas mujeres han visto imposibilitado su derecho a abortar por dilaciones de los operadores del sistema de salud o del Poder Judicial, aunque la Corte Suprema de Justicia dictaminó, en marzo de 2012, que las mujeres víctimas de una violación pueden realizarse un aborto sin autorización judicial”.

Añadió que “pasaron más de tres años del fallo ‘F.A.L.’ y según publica la Asociación por los Derechos Civiles las provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y el Estado Nacional carecen de una normativa que garantice el acceso a la práctica y en ocho jurisdicciones, Salta, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Entre Ríos, entre otras, se dictaron normas que obstaculizan el derecho de las mujeres al aborto no punible” , mientras que “en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está suspendido judicialmente”, añadió.

“Nos preocupa el aumento significativo de los porcentajes de jóvenes madres en provincias como Formosa, Corrientes, Salta y Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2001 hasta el 2013. Del mismo modo reviste gravedad que el nivel de estudios alcanzados de las jóvenes madres, de entre ,15 y 19 años, sea primario completo. Entonces es necesario revisar la eficacia de la aplicación del Programa Nacional de Educación Sexual”, señaló la legisladora.

Según el informe presentado al Examen Periódico Universal en 2012 por un grupo de organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran FEIM, CLADEM, CELS, entre otras, “la falta de información presupuestaria es uno de los mayores obstáculos a la hora de analizar el diseño y ejecución de políticas públicas en materia de educación sexual integral”, indicó la diputada Giménez.

Giménez presentó dos pedidos de informes al Gobierno, uno sobre el desarrollo de la práctica de abortos no punibles y el otro sobre el estado de implementación de la ley nacional de educación sexual integral. La legisladora, reclamó precisiones sobre el estado de implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral y requirió que el Ministerio de Educación brinde explicaciones sobre cuáles “son las acciones emprendidas en los diferentes niveles y modalidades de enseñanza y en las vinculaciones con las familias y auditorías realizadas del uso de los fondos con el correspondiente detalle por año y jurisdicción, desde la fecha de sanción de la ley”.