El 2 de septiembre de 2003, el presidente Néstor Kirchner promulgó la ley del Congreso que la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que hasta ese momento impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados.
Hace 12 años, el entonces presidente Néstor Kirchner promulgó la ley 25.779 sancionada por el Congreso que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que hasta ese momento impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados.
Desde entonces hasta el día de hoy se desarrollan en el país 13 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar y están previstos que comiencen otros dos procesos antes de fin de año en Catamarca y Salta.
Los juicios se realizan en Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Rioja y Salta, en las ciudades de Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata, y la localidad bonaerense de San Martín.
La decisión de anular las llamadas “leyes del perdón” o “leyes de la impunidad” fue una de las primeras políticas sobre la necesidad de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el entonces presidente Néstor Kirchner.
La Ley de Punto Final (23.492) fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura.
La Ley de Obediencia Debida (23.521) también fue dictada por Alfonsín el 4 de junio de 1987, y estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada “obediencia debida”, un concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes de sus superiores.
En 2003, la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para anular estas leyes.
El 12 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados, luego de un largo debate, aprobaba la ley por la que se declaran “insanablemente nulas” estas leyes.
El proyecto se convirtió en ley en el Senado el 20 de agosto de 2003 y de esta forma se anularon las “leyes del perdón y de la impunidad”, norma que fue promulgada por Kirchner el 2 de septiembre de 2003.
Dos años después, el 14 de junio de 2005, en una decisión histórica, la Corte Suprema declaró inconstitucionales estas leyes, lo que permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se interrumpieron en 1986, sean juzgados.
