La Cámara de Diputados de la provincia del Chaco recibió un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo destinado a regular la asignación de la publicidad oficial de los tres poderes del Estado provincial.

La iniciativa recoge aportes realizados por la Coalición por una Comunicación Democrática y el Sindicato de Prensa del Chaco, y establece un régimen para regular la producción, contenido, asignación, distribución, contratación, autorización de espacios y erogaciones relativas a espacios informativos o publicitarios por parte del Sector Público Provincial.

Entre otras cosas, el proyecto busca “transparentar y fiscalizar las relaciones entre el Estado y los medios de comunicación social en materia de publicidad oficial, garantizar la difusión, la utilidad pública y la racionalidad en la distribución de la publicidad oficial, contribuir a la consolidación de un sistema de medios plural, promover y facilitar el control ciudadano sobre las políticas de difusión de las acciones de gobierno”.

A través del mismo, se propone centralizar en el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría General de la Gobernación (Subsecretaría de Políticas Comunicacionales), la planificación de la comunicación que se realizará en forma anual por parte de los tres poderes del Estado.

Según informa el sitio chacodiapordia.com, el proyecto impulsa la creación de un Registro Provincial de Medios que será actualizado anualmente. En ese contexto, la autoridad de aplicación deberá publicar mensualmente en el Boletín Oficial y en una página web creada a tal efecto el listado de medios, personas físicas y jurídicas y las asignaciones de pautas publicitarias a los mismos “indicando medio, nombre de fantasía en caso de tenerlo, número de registro, características del anuncio y monto de cada uno de los contratos suscriptos”.

Los medios que podrán ser destinatarios de publicidad oficial deberán tener como mínimo un año de actividad previa comprable y se exceptuará de ese plazo a los medios únicos en su género, de interés social e innovadores en la temática. Además, se exigirá que los beneficiarios tengan canceladas todas sus obligaciones con el sistema previsional y de obras sociales así como las que resulten de su atención como agente de retención.

El proyecto de ley propone que la asignación de fondos no supere el 2,5 por ciento de los recursos de libre disponibilidad del Presupuesto. En tanto, el Poder Legislativo y el Judicial podrán destinar como máximo el 1 por ciento de sus presupuestos. En oportunidad de confeccionar su presupuesto, las diferentes reparticiones, organismos y dependencias del Estado deberán confeccionar un Plan de Publicidad Oficial que será remitido a la autoridad de aplicación para la confección del Plan Anual.