El Acuerdo para el Bicentenario tomó esa decisión luego de que se perdieran los videos que debían vigilar las urnas de la elección del 23 de agosto.
Tras el escándalo por la confirmación de que los videos que debían vigilar las urnas de la elección tucumana del pasado 23 de agosto se perdieron por problemas técnicos, el Acuerdo para el Bicentenario (APB) que lidera el diputado nacional José Cano resolvió retirarse del escrutinio definitivo que lleva adelante la Junta Electoral Provincial (JEP).
El funcionario municipal y candidato a legislador del APB, Walter Berarducci, adelantó las razones por las que se tomó la decisión.
“En virtud de los informes presentados por la JEP en la Cámara en lo Contencioso Administrativo sobre el reconocimiento expreso de la pérdida de las filmaciones y videos que debían registrar los momentos de distribución recepción y custodia de las urnas, el Acuerdo para el Bicentenario comunicó al órgano veedor de los comicios que se retira del escrutinio definitivo por haberse violado el sustento primigenio de la democracia, cual es la voluntad del soberano”, argumentó.
La decisión adoptada por la oposición tiene por finalidad no convalidar el resultado que pueda arrojar el proceso electoral en marcha, por considerar que está viciado de nulidad.
El APB había solicitado copias de las grabaciones que registran los movimientos en el local de la JEP de calle Mendoza 1.050 de esta capital, donde están bajo resguardo las urnas desde la noche del 23 de agosto, cuando finalizó la elección, a los fines de adjuntarlas como pruebas en el expediente judicial.
Los videos que se habrían perdido, según la JEP, corresponderían a los días 23 y 24 de agosto, que tendrían que haber registrado la llegada de las urnas al local donde se realiza desde hace dos semanas el recuento final de los votos.
La encargada de custodiar la seguridad de la sede de la JEP es la Gendarmería Nacional, que realizó la contratación de la empresa Info FOJ para que instale las cámaras y se encargue de almacenar las grabaciones en una consola DVR. La firma está radicada en la vecina provincia de Santiago del Estero, a nombre de Francisco Omar Jiménez, que según la AFIP, comenzó su actividad comercial el 1° de enero, inscripto como monotributista de categoría “B” (puede facturar hasta $ 48.000 anuales).
Jiménez emitió un informe técnico que se adjuntó al descargo por escrito de la Gendarmería ante la JEP, para explicar por qué se perdieron las filmaciones.
“Costó hacer la recuperación de gran parte de la información, ya que la mayoría de los archivos grabados en los discos estaban dañados y otros eran irrecuperables, por numerosas reconexiones que tuvo el disco, debido a cortes de corriente”, explicó Jiménez, quien según denunció Cano trabaja para el gobierno kirchnerista de Santiago del Estero.
