El diputado nacional Gustavo Valdés (UCR) solicitó que el Poder Ejecutivo habilite las partidas presupuestarias para el pago de salarios del personal de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que fue creada en diciembre de 2014 en la órbita de la Cámara Federal de Casación Penal. “En tiempos donde la inseguridad reina en las calles, los trabajadores del ex patronato de liberados están de paro desde hace un mes por falta de pago de salarios”, denunció Valdés al presentar el proyecto y añadió que “son un total de 98 personas que tienen a su cargo 7 mil causas y realizan cada uno de ellos en promedio unos 100 seguimientos mensuales”.

Según la Ley 27.080, el patronato pasó a la órbita del Poder Judicial de la Nación y desde entonces no se pidió la habilitación de cargos al Poder Ejecutivo y tampoco han sido destinadas las partidas presupuestarias correspondientes.

“Los trabajadores tienen a cargo aquellos presos con libertad condicional o prisión domiciliaria de todos los que residen en la Capital Federal y no puede permitirse que, en un estado democrático, aquellos que velan por la reinserción social de los presos estén en huelga”, sostuvo el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior en el Congreso.

Para Valdés, “el Estado debe entender que la inseguridad está estrechamente vinculada con las condiciones de precarización y empobrecimiento de los sectores sociales más vulnerables y su prioridad debe ser implementar las herramientas para que la sociedad no se sienta desamparada” señaló Valdés quien presentó durante su gestión legislativa un proyecto de ley para declarar la emergencia en materia de seguridad pública nacional y también una ley para que se declare la emergencia nacional en materia social por violencia de genero”.

“Como uno de los instrumentos públicos para garantizar la seguridad es que quienes se encuentran cumpliendo condenas domiciliarias o en libertad condicional no vuelvan a delinquir, solicitamos al Poder Ejecutivo que asigne en forma urgente las partidas para el pago de salarios del personal de la Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución Penal”, finalizó Valdés.