La reunión plenaria comenzó a las 15.25. También se tratará una indemnización por la voladura de la Fábrica Río Tercero, la cuenta de inversión 2013 y un homenaje a Carlos Fayt.
La Cámara de Senadores reanudó su actividad en el recinto de deliberaciones con el tratamiento del proyecto de ley impulsado para el Poder Ejecutivo para blindar las acciones del Estado en empresas privadas.
La sesión especial convocada por el Frente para la Victoria comenzó a las 15.25 con un homenaje a Jorge Garramuño, el senador nacional por el Movimiento Popular Fueguino que falleció la semana pasada.
En su reemplazo se tomó juramento a Miriam Boyadjian, quien presidía el Consejo Deliberante de Río Grande.
El temario incluye el proyecto de ley para indemnizar a las víctimas por la voladura de la fábrica militar Río Tercero, la cuenta de inversión 2013 y una declaración de homenaje a Carlos Fayt, quien anunció su retiro de la Corte Suprema de Justicia tras 32 años de mandato.
En cuanto al primero de los temas, la iniciativa cuenta con dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, y, de ser aprobada, será girada a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
El proyecto crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) y fue defendido en el Parlamento por el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el director ejecutivo de la ANSeS, Diego Bossio.
El eje principal del proyecto consiste en que caso de que el Estado quiera desprenderse de las acciones de las empresas en las cuales es socio minoritario, deberá requerir el aval de los dos tercios del Congreso.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina (FpV) fue el encargado de abrir el debate y aseguró que la iniciativa busca “poner mayor protección a las participaciones que tenemos los 40 millones de argentinos en importantísimas empresas”.
El miembro informante del oficialismo señaló que la ANPEE será un organismo descentralizado y autárquico y que la ley “no busca impedir la venta de estas acciones sino “defender el patrimonio de todos los argentinos”.
Por la UCR, Laura Montero sostuvo que su partido “por suerte tiene muy en claro que el Estado de bienestar se mantiene con un Estado presente” y recalcó que para su bloque el principal objetivo debe ser poder garantizar los beneficios de los jubilados presentes y futuros.
Por otra parte, la senadora cuestionó que el Congreso no tendrá “decisión política” en la designación del cuerpo de directores que van a ir a las empresas.
“Tampoco es razonable la oportunidad en la que se presenta este proyecto, a días de cambio de un gobierno”, agregó Montero y pidió que no se hagan más proyectos “preelectorales y oportunistas con el dinero de los jubilados”.
Por su parte, Liliana Negre (Interbloque Federal) advirtió sobre el riesgo de “desnaturalizar el mercado de valores”. “Vamos a ir al Congreso en vez de vender rápido y beneficiar a los jubilados”, graficó la puntana.
En tanto, Norma Morandini (Frente Cívico de Córdoba) consideró que la iniciativa “da la sensación” de que “quieren dejar todo atado para condicionar al próximo gobierno”.
Para la senadora, la creación de la agencia busca “limitar el mercado” y consideró que “puede resultar importante que el Estado tenga acciones en el caso de las empresas estratégicas”, las que, sin embargo, “no forman parte de la ley”, como el caso de YPF.
A su turno, Mario Cimadevilla (UCR) enfatizó que “el peor proceso privatizador no se dio en la época de (Carlos) Menem sino en la de Cristina” porque fue durante el kirchnerismo “cuando con la nueva Ley de Hidrocarburos se privatizaron los yacimientos”.
Además, el senador resaltó que “no hay un proyecto tan conservador como éste” por parte de un gobierno que se proclama progresista. “Este proyecto de ley responde a un criterio liberal e individualista”, continuó.
Río Tercero
El proyecto de ley para indemnizar a las víctimas por la explosión de la fábrica militar de la ciudad cordobesa de Río III, ocurrido en noviembre de 1995, fue presentado por el entonces diputado “Wado” De Pedro.
La iniciativa incluye a herederos de personas fallecidas; los que hayan sufrido lesiones graves, daño moral y/o psíquico; y a quienes hayan tenido perjuicios por daños materiales o desvalorización de las propiedades tras las voladuras del 3 y el 24 de noviembre de 1995. La explosión dejó siete muertos, 300 heridos y más de 13.000 damnificados.
El texto aclara que quienes pretendan acceder al beneficio económico deberán “desistir de toda acción y derecho que los asiste en los respectivos procesos judiciales y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por el mismo hecho”, en un artículo que fue objetado por parte de la oposición.
Cabe decir que el expresidente y actual senador nacional Carlos Menem está procesado en la causa que investiga si el atentado fue intencional.
Pedido por Leopoldo López
El catamarqueño Oscar Castillo pidió tratar sobre tablas una declaración para que el Cuerpo se pronuncie sobre la condena de casi 14 años de prisión al líder opositor venezolano Leopoldo López.
Sin embargo, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, se negó a habilitar el tratamiento de la declaración.
“El tema de Leopoldo López requiere un análisis de la Comisión de Relaciones Exteriores”, argumentó el rionegrino, y sostuvo: “No creemos en la intromisión de las cuestiones internas de otros pueblos”.
