El Frente para la Victoria logró darle media sanción a la ley para que el Congreso deba autorizar el desprendimiento de acciones estatales de las empresas con una mayoría especial. Ahora será el turno de la Cámara de Diputados. Rechazo de la oposición.
Con 39 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este miércoles el proyecto que delega en la decisión de una mayoría parlamentaria la venta de acciones que el Estado tiene en distintas compañías.
La iniciativa, que crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE), fue impulsada por el Poder Ejecutivo y avalada al cabo de un debate de cuatro horas.
Los votos en contra vinieron de la UCR, el Interbloque Federal, el Pro y el FAP-UNEN-Coalición Cívica. El Frente para la Victoria contó con el respaldo extra del senador Guillermo Pereyra, del Movimiento Popular Neuquino.
El eje central del proyecto consiste en que caso de que el Estado quiera desprenderse de las acciones de las empresas en las cuales es socio minoritario, deberá requerir el aval de los dos tercios del Congreso.
Ese fue el principal objeto de críticas de la oposición, a pesar de que la norma podría ser derogada por mayoría simple si lo desea el próximo gobierno. Además, los senadores antikirchneristas cuestionaron la oportunidad del debate, a tres meses del recambio presidencial.
La propuesta de ley fue defendida ante un plenario de comisiones por el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, ya que compromete a las acciones que forman parte del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS).
El debate
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina (FpV) fue el encargado de abrir el debate y aseguró que la iniciativa busca “poner mayor protección a las participaciones que tenemos los 40 millones de argentinos en importantísimas empresas”.
El miembro informante del oficialismo señaló que la ANPEE será un organismo descentralizado y autárquico y que la ley “no busca impedir la venta de estas acciones sino “defender el patrimonio de todos los argentinos”.
En el mismo sentido, el jefe del bloque kirchnerista, Miguel Ángel Pichetto, apuntó que puede suceder que en una situación de necesidad el Estado pretenda deshacerse de las acciones en cuestión incluso a menor precio, con lo cual justificó las bondades de la ley.
También aclaró que YPF –empresa donde el Estado participa- está excluida de la ley porque opera en la Bolsa de Nueva York y “requiere mayor movilidad”, por lo que se trata de proteger las acciones donde el Estado es socio minoritario, como por ejemplo Techint.
El legislador oficialista defendió a rajatabla la estatización de las AFJP y destacó que en nuestro país “se jubila cualquiera”. “Tenemos el mejor sistema previsional de Latinoamérica”, remarcó.
Por la UCR, Laura Montero sostuvo que su partido “por suerte tiene muy en claro que el Estado de bienestar se mantiene con un Estado presente” y recalcó que para su bloque el principal objetivo debe ser poder garantizar los beneficios de los jubilados presentes y futuros.
Por otra parte, la senadora cuestionó que el Congreso no tendrá “decisión política” en la designación del cuerpo de directores que van a ir a las empresas.
“Tampoco es razonable la oportunidad en la que se presenta este proyecto, a días de cambio de un gobierno”, agregó Montero y pidió que no se hagan más proyectos “preelectorales y oportunistas con el dinero de los jubilados”.
El presidente de la bancada radical, Gerardo Morales, coincidió en que la norma implica “atarle las manos a un sistema que tiene que ser versátil”.
En todo caso, opinó el jujeño, “la solución para salvaguardar el Fondo” de Garantía de Sustentabilidad podría ser el control a través de una comisión con representación de los jubilados y los trabajadores que “esté en el día a día”.
Por su parte, Liliana Negre (Interbloque Federal) advirtió sobre el riesgo de “desnaturalizar el mercado de valores”. “Vamos a ir al Congreso en vez de vender rápido y beneficiar a los jubilados”, graficó la puntana.
En tanto, Norma Morandini (Frente Cívico de Córdoba) consideró que la iniciativa “da la sensación” de que “quieren dejar todo atado para condicionar al próximo gobierno”.
Para la senadora, la creación de la agencia busca “limitar el mercado” y consideró que “puede resultar importante que el Estado tenga acciones en el caso de las empresas estratégicas”, las que, sin embargo, “no forman parte de la ley”, como el caso de YPF.
A su turno, Mario Cimadevilla (UCR) enfatizó que “el peor proceso privatizador no se dio en la época de (Carlos) Menem sino en la de Cristina” porque fue durante el kirchnerismo “cuando con la nueva Ley de Hidrocarburos se privatizaron los yacimientos”.
Además, el senador resaltó que “no hay un proyecto tan conservador como éste” por parte de un gobierno que se proclama progresista. “Este proyecto de ley responde a un criterio liberal e individualista”, continuó.
El macrista Alfredo De Angeli, en un breve discurso, se quejó de que “los jubilados siguen cobrando poco” y propuso “esperar que el próximo gobierno pueda discutir una mejor ley”.
A continuación, Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) denunció en tono duro que “están desarrollando ‘mafiosidad’ en los aparatos del Estado”.
Adolfo Rodríguez Saá criticó la creación de “una superestructura” dentro del Estado y calificó a la ANPEE como “un monumento a la burocracia”. “Con el sistema actual las acciones están bien defendidas, no necesitamos cambiarlo, y mucho menos a meses de un cambio de gobierno”, consideró.
Acerca del proyecto
La nueva ANPEE tendrá a su cargo la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas comprendidas en el proyecto.
La agencia se integrará con un Directorio conformado por un presidente –que será el propio director ejecutivo de ANSES-, dos directores designados por el PEN (uno será el ministro de Economía y el otro el ministro de Industria) y dos directores propuestos por una nueva comisión bicameral -uno por la primera minoría y otro por la segunda-.
Los directores durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelectos por otro período. Entre otras facultades, podrán impartir instrucciones a los administradores designados por el Estado a fin de que “la administración de los negocios sociales resguarde el interés público comprometido en la actuación de la sociedad”.
Según detalló Kicillof, el Estado participa actualmente en 44 empresas y en 27 directorios de esas compañías.
De acuerdo al proyecto, el director nombrado por el Estado en cada empresa deberá ser un funcionario público especializado en el área.
Además, se creará una comisión bicameral compuesta por ocho diputados y ocho senadores con el fin de hacer un control y seguimiento de la ANPEE.
Esta comisión podrá remover, por mayoría simple, a alguno de sus directores en caso de que cometa un ilícito o incumpla con la Ley de Ética Pública. Pero, si se comprobara un mal desempeño de sus funciones, podrá ser apartado por decisión de las dos terceras partes de los miembros de la bicameral.
La futura ley crea además un Consejo Consultivo, que entre otras cosas deberá convocar anualmente a los integrantes del Directorio de la ANPEE para recibir un informe pormenorizado del estado accionario.
Este Consejo estará integrado por un representante del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Industria, uno de la ANSES y también uno de la CGT, que no estaba incorporado en el texto original pero se añadió durante la sesión.
