Por Melisa Yael Jofré

Uno de los mayores problemas que afronta hoy por hoy la Ciudad de Buenos Aires es el tema del acceso a la vivienda. Dentro de la agenda que reclama por este derecho, la incompleta urbanización de las villas y los asuntos relativos a los alquileres surgen como los ejes principales y más cuestionados.

Gracias a los datos aportados por el Censo Nacional de 2010 se pudo conocer que en la Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 450 mil inquilinos formales. Los requisitos para firmar un contrato de locación, los aumentos en las cuotas, y los altos costos para ingresar a un inmueble, dificultan cotidianamente el acceso a la vivienda de muchas familias y jóvenes que aspiran con vivir en la urbe porteña.

En este último año de su mandato, el diputado Fernando Muñoz (Liberación) se ha abocado a presentar un paquete de proyectos en la Legislatura para defender y garantizar los derechos de aquellos vecinos que no son propietarios y afrontan dificultades para ingresar a una vivienda y, luego, sostener un alquiler.

Una de las primeras medidas que el legislador considera necesarias a tratar, y que se encuentra como moción con preferencia para las sesiones siguientes en el Parlamento capitalino, es la que corresponde al acceso a la información de un derecho fundamental con que cuentan los inquilinos y muchas veces desconocen.

También presentó una iniciativa el diputado Iván Petrella (Pro), quien plantea que en todas las inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires se incluya un cartel con el texto completo del artículo 57 de la Ley 2.340, correspondiente a la creación del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios.

Dicho artículo reza que “para los casos de locación de inmuebles destinados a vivienda única, el monto máximo de la comisión a cobrar al inquilino, será el equivalente al cuatro, quince centésimos por ciento (4.15%) del valor total del respectivo contrato”.

La normativa establece que los carteles con el texto “deberán situarse en los accesos a los locales, en lugar adecuadamente visible y de manera destacada”. Esto indica que las puertas, ventanas, paredes y demás rincones por donde circulen las personas en los locales inmobiliarios puedan informarse respecto de este artículo.

El legislador señaló que generalmente los inquilinos se ven sometidos a situaciones de abuso y las inmobiliarias “terminan cobrando dos alquileres y medio de comisión, en clara violación a la normativa vigente”.

Por otro lado, otra de las iniciativas del diputado del interbloque del Frente para la Victoria busca que las personas con discapacidad puedan acceder a una vivienda a partir del beneficio de un subsidio. Según la propuesta de ley, el subsidio consistirá en una suma igual al importe de dos salarios mínimo, vital y móvil, dictaminado por la Comisión del Salario del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Tanto las personas con discapacidad, o las familias que tengan un integrante con discapacidad, podrán recurrir al subsidio por única vez al momento de la firma de un contrato de locación. Así, se impulsa el derecho a la vivienda digna para todos los habitantes, reconocido por la Constitución de la Ciudad en su artículo 31.

Defensoría del Inquilino

La principal apuesta de Fernando Muñoz es que se pueda crear, dentro del ámbito de la Defensoría del Pueblo, una Oficina de Atención a Inquilinos, que tenga por objeto el asesoramiento y la defensa de los inquilinos de locaciones residenciales y residentes en hoteles familiares y pensiones de la Ciudad.

La Oficina tendrá que brindar el asesoramiento gratuito en cuestiones relativas a lo jurídico. Además, deberá promover la protección de los derechos de los inquilinos y ofrecer una instancia de conciliación voluntaria para problemas suscitados entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias.

Con la iniciativa, Muñoz busca garantizar un organismo donde los reclamos de los locatarios puedan ser tomados en pos de brindar una solución concreta.

También, al establecer un registro de propietarios y aspirantes a arrendar un inmueble, facilitará la búsqueda en el mercado de distintos tipos de propiedades.

Según cifras aportadas por el diputado, en los fundamentos del proyecto, un tercio de los inmuebles de la Ciudad son ocupados por inquilinos, por lo que “el Estado no puede permanecer ajeno a la situación escudándose en la libertad de contratación o libertad económica, sino que debe intervenir procurando garantizar derechos humanos y sociales consagrados”.

Para el legislador es necesario que el Gobierno porteño intervenga en la problemática social y copie con esta medida a otras ciudades del mundo que ya han impulsado la creación de un ente especial para que los ciudadanos que alquilan tengan un lugar donde recurrir ante sus inquietudes.

Al momento, el proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura. Muñoz, apoyado por la reciente asociación “Inquilinos Agrupados” está llevando a cabo una campaña para juntar firmas en pedido del tratamiento de la iniciativa, y evitar así que no se debata o pierda estado parlamentario. Hoy día se han juntando aproximadamente 7.000 firmas.

Inquilinos Agrupados surgió este año como una asociación “en contra de los abusos inmobiliarios”. Las reuniones de la agrupación se llevan a cabo en la “Estación de los Deseos”, un centro cultural y comunitario cercano a la estación de trenes de Caballito. Desde la organización exigen que, por ley, se cree la Defensoría del Inquilino.

Desde la entidad también se aboga por una nueva ley de alquileres que fije el precio de las cuotas y las comisiones, y regule los plazos de renovación de los contratos.

Apunta contra CUCICBA

No sólo en la Legislatura porteña Muñoz se ha comprometido de lleno con la cuestión de los inquilinos, sino que ante la Justicia presentó una denuncia penal contra el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires.

En la acusación, el diputado explicó que existe una “práctica ilegal e inconstitucional” por parte del Colegio “de cobrarle al inquilino un arancel para tramitar una denuncia contra una inmobiliaria”.

Según informó el legislador, “desde hace más de un año CUCICBA exige un pago de 360 pesos para recibir denuncias contra las inmobiliarias matriculadas en dicha institución. En la página web del organismo se afirma que el pago es para financiar la tramitación de los expedientes y desalentar las denuncias. Sin embargo, se trata de una práctica inconstitucional, ya que opera como una barrera del derecho a denunciar. Además, es ilegal porque la Ley 2.340 no habilita el cobro de este tipo de aranceles para financiar las actividades del Colegio”.

De esta manera, el diputado pidió que se restituya con creces a quienes pagaron por este tipo de denuncias efectuadas contra inmobiliarias.