En soledad, el kirchnerismo aprobó en comisión la iniciativa presidencial que establece una mayoría parlamentaria para vender acciones del Estado en empresas privadas. Bloques opositores ponderaron los objetivos pero manifestaron reparos.
Los diputados nacionales del Frente para la Victoria y sus aliados ya cuentan con el dictamen favorable al proyecto de ley para que las acciones que el Estado tiene en empresas privadas sólo puedan ser vendidas con la autorización de una mayoría parlamentaria.
La iniciativa impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue despachada por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, al término de una reunión plenaria iniciada este lunes con el ministro de Economía, Axel Kicillof.
La propuesta, con media sanción del Senado, sería convertida en ley este miércoles en el marco de una sesión convocada por el bloque kirchnerista.
El titular de la Comisión de Presupuesto, Roberto Feletti, fue el encargado de continuar la defensa del proyecto iniciada este lunes por el ministro de Economía: aseguró que se “intenta impedir la libre disposición del Ejecutivo” de vender acciones y “reparar una cuestión que ocurrió hace 26 años con la Ley de Emergencia, donde el Congreso facultó al Poder Ejecutivo a vender activos estatales”.
Objeciones de la oposición
Martín Lousteau (ECO) y Federico Sturzenegger (Unión Pro) objetaron que se le quite “flexibilidad” al Estado para vender acciones de empresas que eventualmente no sean rentables con el objetivo de adquirir acciones de compañías más rentables.
“Es contraproducente y contraindicado con cualquier ejercicio de una cartera”, opinó Lousteau y observó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES -financiado parcialmente por estas acciones- “rinde menos que el promedio del mercado”. “Nos quedamos anclados en acciones que no quedaron del Estado sino de las AFJP, con decisiones de inversión que fueron muy malas”, continuó.
Además recordó que su “primer libro” como economista fue “en contra” de las AFJP, defendió que el Estado tenga directores en las empresas cuyas acciones fueron estatizadas, pero objetó: “no veo cómo los objetivos que propone la ley se cumplen”.
Sturzenegger, en tanto, se limitó a opinar que el FGS tuvo un “manejo bastante producente y positivos en los últimos años”, aunque fundamentó su rechazo al proyecto en la falta de “flexibilidad” para vender las acciones con el propósito de “preservar” el “valor accionario como componente estratégico del Fondo”.
Claudio Lozano (Unidad Popular) se diferenció de los preopinantes al admitir su adhesión a la decisión de “proteger el patrimonio previsional y estatal”.
“No nos parece mal que se establezca una autorización parlamentaria y que esta tenga que ver con una mayoría calificada para vender patrimonio accionario. Por dos razones. Por un lado, por la historia de la Argentina: una restricción de esta naturaleza hubiera puesto algún límite en el proceso que se vivió en los noventa y que efectivamente implicó un proceso de vaciamiento patrimonial de la Argentina muy negativo y que dio lugar al proceso de privatización perverso”, manifestó.
“La presencia del Estado en la economía puede ser una herramienta más para incidir en un tema que indudablemente hay que discutir, que es el comportamiento de la inversión”, añadió en seguno lugar.
Sin embargo, el economista referenciado en la CTA no se privó de criticar el proyecto oficial. “Vemos una confusión en lo que es el patrimonio previsional y el patrimonio estatal, que no son las mismas cosas”, afirmó. Dijo que el primero son “acciones compradas con el aporte de los trabajadores”, por lo que deberían ser administradas por la ANSES y un comité ejecutivo del FGS “que si bien tiene que tener presencia del Estado, debe tener participación de los trabajadores y jubilados”.
“No le vemos ningún sentido a la creación de la Agencia” que coordinará la administración de las acciones, agregó.
La socialista Alicia Ciciliani comunicó a su turno el rechazo del interbloque FAP (Partido Socialista-GEN-Frente Cívico de Córdoba-Libres del Sur): “lo consideramos un proyecto absolutamente innecesario que no viene a garantizar nada nuevo al sistema previsional argentino”, sostuvo. “Quiero salir de la falacia de que estamos privatizando o protegiendo un bien público”, continuó y precisó que “vender una acción no significa privatizar ningún sistema previsional”.
Para la santafesina, “esta ley obstaculiza una mejor administración para ese paquete accionario” que adquirió al ANSES con la estatización de las AFJP. Y agregó: “no viene a dar solución a ninguno de los problemas estructurales que tenemos”, como la sustentabilidad del Fondo.
La UCR y la Coalición Cívica también ratificaron su oposición al proyecto.
La réplica oficialista
Al cierre de la reunión, Feletti retrucó alguno de los argumentos opositores y destacó que, dado que muchas empresas tienen previsto invertir en Estados Unidos, la presencia del Estado en estasw compañías “ayuda” a mantener la inversión en la economía local
El oficialista Juan Carlos Díaz Roig, presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, subrayó además que “este debate no es ajeno” a lo que pasa en otros países, que también tiene agencias que coordinan las acciones del Estado en empresas privadas.
Y añadió que uno de los objetivos de la iniciativa es dificultar “que alguna administración futura, muy livianamente, o mal venda estos activos o genere en el mercado una crisis”.
El proyecto
La iniciativa crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) y fue aprobada en el Senado con 39 votos a favor y 22 en contra.
La agencia se integrará con un directorio conformado por un presidente –que será el propio director ejecutivo de ANSES-, dos directores designados por el Poder Ejecutivo y dos propuestos por una nueva comisión bicameral -uno por la primera minoría y otro por la segunda-.
Dicha bicameral, que tendrá el fin de hacer un control y seguimiento de la ANPEE, estará compuesta por ocho diputados y ocho senadores, quienes podrán remover a sus directores si cometen algún ilícito o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
La futura ley crea además un Consejo Consultivo, que entre otras cosas deberá convocar anualmente a los integrantes del Directorio de la ANPEE para recibir un informe pormenorizado del estado accionario.
Este Consejo estará integrado por un representante del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Industria, uno de la ANSES y también uno de la CGT.
