El proyecto de Héctor Recalde fue aprobado por Diputados con 170 votos a favor. El único bloque en abstenerse fue el Pro.
Con 170 votos a favor, la Cámara de Diputados otorgó media sanción este miércoles a un proyecto de ley del diputado Héctor Recalde para crear la “Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras” durante la última dictadura militar.
Todos los bloques respaldaron la iniciativa con excepción del Pro, cuyos 14 diputados (sumando a los dos aliados Guillermo Durand Cornejo y Roberto Pradines) se abstuvieron y no fundamentaron su posición en el recinto.
Al defender el proyecto, que cuenta con apoyo del CELS de Horacio Verbitsky, Recalde enumeró las empresas que habrían estado involucradas en el proceso, entre ellas Papel Prensa, Loma Negra, Ledesma y Mercedes Benz. “Sancionar esta ley es terminar con la impunidad”, garantizó el oficialista.
El principal reclamo de la oposición tuvo que ver con el período de tiempo a investigar, ya que se decidió limitar el estudio de la bicameral a la última dictadura militar, entre 1976 y 1983.
Myriam Bregman (PTS-Frente de Izquierda) manifestó un “apoyo crítico” al proyecto y aprovechó para reclamar la apertura total de todos los archivos de la dictadura.
“La complicidad no fue simbólica, fue concreta”, sentenció la diputada, aunque propuso crear una comisión “independiente de los responsables del genocidio”, los que “aportaron intendentes, gobernadores y embajadores”.
Por la UCR, Fabián Rogel consideró que el proyecto “llega muy tarde” y que “si se hubiera creado unos años antes, nos hubiera permitido tener un debate sobre determinados sectores del poder”.
El objetivo planteado en el texto del proyecto aprobado es “la búsqueda de la verdad, la memoria, la Justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”.
La bicameral estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores nacionales, de los cuales tres de cada cámara serán de la primera minoría, uno de la segunda minoría y uno por la tercera minoría.
El objetivo de este cuerpo sería “elaborar un informe con una descripción detallada de los aspectos más salientes así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera” adoptadas por el último gobierno de facto.
Además, estará a cargo de “la identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron a y/o se beneficiaron con esa dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”.
“En ningún caso será oponible a la comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad en cuanto se trate de informes, documentos o antecedentes datados hasta el 10 de diciembre de 1983”, establece el proyecto.
Asimismo, “la comisión podrá recurrir a la Justicia a fin de remover todo obstáculo arbitrario que se presente a la investigación” y “podrá requerir a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, de sus organismos dependientes, de entidades autárquicas y de las fuerzas armadas y de seguridad que le brinden informes, datos y documentos”.
Los funcionarios y organismos estarán obligados a proveer esos informes, datos y documentos públicos requeridos por la bicameral. Si dicha comisión advierte la comisión de delitos, debería formular las correspondientes denuncias ante la Justicia.
La propuesta también crea, en el ámbito del Congreso, el Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que tendrá por finalidad “la puesta a disposición gratuita del público en general de los documentos que sirvieran a la comisión creada por esta ley para la elaboración de su informe así como todo otro documento relacionado con los objetivos perseguidos por la última dictadura militar y sus complicidades económicas”.
La iniciativa cuenta con el respaldo de Alejandro Olmos Gaona, investigador de la deuda “ilegítima e ilegal” en Argentina y Ecuador; Tomás Ojeda Quintana, querellante en una causa por la tortura y desaparición de 25 delegados de Ford durante la dictadura; de Pedro Troiani, exdelegado de Ford torturado por los militares; de Victorio Paulón, exsecretario de la OUM de Villa Constitución; y de Carlos Manestes (CTA).
