Transcurridos más de 18 días del previsible siniestro del Complejo de Villa Soldati, que le costó la vida a un pibe y tiene a otros dos con tremendas secuelas, fuimos sorprendidos por la primera reacción oficial ante los trágicos hechos ocurridos.

El Gobierno de la Ciudad decidió recusar a la jueza López Vergara para correr las actuaciones al escritorio de un juez amigo, argumentando que la realización del allanamiento del 10 de septiembre en las oficinas del Instituto de la Vivienda de la Ciudad excedía su propia competencia. Ese allanamiento, no sólo hacía al fondo de la causa, sino que además, en la última sesión de la Legislatura habíamos advertido sobre el riesgo en la preservación de la documentación de la causa.

Lo cierto es que todavía no sabemos por qué el IVC y el Gobierno de la Ciudad desconocieron los reiterados y desesperados reclamos de los vecinos, por qué omitieron todas las alarmas en este tema y por qué incumplieron sentencias firmes en las que se solicitaba la inmediata reparación de barandas y escaleras y que señalaban expresamente, que la baranda del sexto piso –de la cual cayeron en cadena los tres chicos- estaba corroída y suelta.

A pesar del tiempo transcurrido, esta Legislatura no recibió ningún papel, ninguna explicación, ningún funcionario del Ejecutivo se comunicó con miembros del bloque del Frente para la Victoria, ni con ningún diputado de los que acompañaron el pedido de concurrencia de las autoridades del IVC al recinto en la sesión del pasado 10 de septiembre.

Asistimos absortos a las maniobras de un Gobierno que lejos de buscar la verdad de los hechos, busca esconder y desestimar su responsabilidad cambiando al juez natural de la causa por uno que sea amigo o cómplice.

Aquí hay una cuestión concreta: la decisión del gobierno macrista de no garantizar condiciones dignas al complejo habitacional; y la de un pibe muerto y otros dos que están peleando para superar terribles secuelas y consecuencias de los traumatismos que sufrieron.