El diputado Manuel Garrido encabezó este miércoles en la Cámara de Diputados un desayuno de trabajo para debatir sobre la importancia de que el Estado como educador se mantenga neutral respecto de las diferentes religiones.

El desayuno se da en el marco de la discusión por la derogación al artículo 8 de la Ley 1420 a través de su omisión en el nuevo Digesto Jurídico Argentino.

Garrido consideró que “al no existir ninguna cláusula en las leyes en materia educativa posteriores a la ley 1420 que haya derogado explícita o implícitamente el artículo 8 no está derogada, sin embargo, la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino dice que se encontraba derogado por las leyes posteriores (Ley 24.195 y Ley 26.206) y que “no existe norma que se oponga a la enseñanza religiosa en las escuelas estatales, ya que aquellas que lo deseen pueden hacerlo de acuerdo con su proyecto educativo”. Es por esto que consideramos necesario el debate y la visibilización”.

El debate contó con la presencia de legisladores, especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

El primero de ellos, Marcelo Alegre, codirector del Proyecto de Investigación UBACyT y uno de los principales actores en la promoción de la inclusión del artículo 8 en el Digesto, manifestó “El artículo 8 es algo mas que una mera regla jurídica. La igualdad en materia religiosa es un principio constitucional. Es difícil imaginar una desigualdad mas ofensiva que la desigualdad en materia religiosa, porque afecta la conciencia de las personas, afecta sus creencias éticas y en relación a la enseñanza pública estamos hablando de niños en una situación de vulnerabilidad evidente frente a la no posibilidad de cuestionar las enseñanzas que se reciben”.

Por su parte, Hernán Gullco (presidente Asociación por los Derechos Civiles) y patrocinante de los padres de los alumnos del colegio salteño con su caso en la Corte Suprema, consideró que “la enseñanza religiosa no puede ser coercitiva en forma alguna, por lo tanto, no puede formar parte de la currícula”.

Mariano Narodowski, especialista en educación, consideró que “la ley 1420 fue un proceso de consenso básico de estatalización de la educación de más de 30 años. El artículo 8 no prohíbe la religión, sino la educación religiosa con lo cual queda toda una laguna que fue llenada a través de los años por actividades religiosas no curriculares como una oración al comienzo de la clase o la bendición del comienzo del ciclo lectivo”. Y concluyó “Con decir la palabra laica no alcanza. Hace falta un acuerdo federal en el que se delimiten acuerdos y disensos, es central mantener por lo menos el grado de laicidad que indica la 1420 como forma de garantizar una sociedad plural y, sobre todo, respetar a las personas que tienen distintas maneras de pensar la educación”.

Garrido consideró que “es bastante doloroso considerar implícitamente derogada la laicidad en la educación pública sin la necesaria deliberación específica en el Congreso sobre la importancia de esa política pública que fue esencial para la conformación de la República Argentina plural que es hoy y que debe seguir siéndolo”.

Otros de los participantes fueron Juan Carlos Pugliese (rector Instituto River Plate), representantes de la ONG ACIJ, Laura Velazco (candidata a diputada por Progresistas), Maria Orsenigo (Observatorio de Género y Derechos Humanos de los bloques UCR), Emilio Cornaglia (Secretario General Franja Morada) y los diputados Ricardo Alfonsín (UCR), Omar Duclós (GEN), Myriam Juárez (UCR), Mario Barletta (UCR) y Gabriela Burgos (UCR).