Se trata de las leyes que otorgan facultades extraordinarias al Ejecutivo para su política económica y que contemplan ingresos por 120.000 millones de pesos anuales.
Como todos los años, pero con el condimento especial del cambio de gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió enviar al Congreso los proyectos para prorrogar la emergencia económica y el impuesto al tabaco.
La emergencia económica -que vence el 31 de diciembre próximo- se sancionó en enero de 2002, a pocos días de que Eduardo Duhalde asumiera la jefatura de Estado tras el estallido de la convertibilidad.
Esa norma le proveía a la entonces frágil administración un andamiaje jurídico de excepción bajo el paraguas de la emergencia, el cual incluía una serie de facultades extraordinarias: establecer el sistema que fije la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras; pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos; congelar tarifas y renegociar los contratos de los servicios públicos en manos de empresas privadas, y regular los precios de la canasta básica.
Todas estas facultades extraordinarias quedarán prorrogadas hasta 2017 si el Congreso aprueba la iniciativa remitida por el Gobierno a la Cámara de Diputados.
En paralelo, el Poder Ejecutivo también envió una nueva prórroga del impuesto al cheque hasta 2017, que vence a fines de diciembre próximo. Se trata de un tribuno fundamental para las arcas del Estado, por cuanto significa el 1,85 por ciento del PBI, unos 120.000 millones de pesos anuales estimados para 2016 en el proyecto de Presupuesto para ese período.
Con estas dos iniciativas, Cristina Kirchner que se va le deja a su sucesor el andamiaje jurídico indispensable para manejar bajo el paraguas de la excepción distintos resortes de la economía, como también la garantía de la recaudación del impuesto al cheque.
La oposición, cabe recordar, siempre se manifestó en contra de la emergencia económica. Aunque esta vez podría verse beneficiada ante una eventual derrota del kirchnerismo en las urnas.
