Por Ivana Bianchi. La diputada puntana se refiere al derrame de cianuro en San Juan y exige conocer qué medidas se van a tomar sobre la minería a cielo abierto.
El derrame de cerca de un millón de litros de solución cianurada en el emprendimiento minero “Veladero” operado por la empresa Barrick Gold en la provincia de San Juan, pone nuevamente en debate la minería a cielo abierto en relación con el medio ambiente, el cuidado de la salud y la vida de la población.
Lo que más alarma ha causado en la población es el oscuro manejo que se ha dado al incidente, y el ocultamiento de información. El inmediato control y adopción de las medidas adecuadas por parte de las autoridades provinciales y nacionales, debería ser –en un país serio- la mejor garantía de los derechos de los ciudadanos que podrían verse afectados. Pero aquí dichas autoridades en lugar de controlar y tomar una fuerte postura en defensa de los pobladores y el ambiente, respondieron con un silencio cómplice.
Las autoridades de la provincia apenas se enteraron del accidente, salieron a minimizar los hechos, asegurando, al igual que la empresa, que todo estaba bajo control. Primero se dijo que eran “sólo” 15.000 litros, unos días después cerca de 224.000 y ahora hay estimaciones de cerca de, nada menos, que un millón de litros, según información provista por la propia empresa luego de ser judicialmente obligada a brindar datos.
¿Estaba todo bajo control? Sin embargo, dos días después del derrame, funcionarios de la Secretaría de Minería de la provincia debieron reconocer que la solución cianurada del derrame había llegado a los ríos Potrerillos y Las Taguas, afluentes del río Jáchal. El secretario de gestión ambiental y control minero de la provincia, Marcelo Ghiglione, quien tiene a cargo la policía minera, reconoció que en el río Potrerillos aún quedaban lo que él llamó “mínimos vestigios”: 0,07 partes por millón (ppm) de la solución cianurada. Es decir, una cantidad muy cercana límite legal de 0,1 ppm en fuentes de agua para bebida humana, y ¡14 veces! por encima del máximo para protección de vida acuática, según lo establecido por la ley 24.585 de protección ambiental minera.
Yo quisiera preguntarles a esos funcionarios si ellos les darían de beber a sus hijos agua con niveles de cianuro cercanos a los límites establecidos. Como siempre son los pobres quienes más se perjudican, como lo demuestra el hecho de que se agotó el agua mineral en la zona, y que la empresa Barrikc Gold sólo luego de que mediara una orden judicial repartió agua a los pobladores. Y como si envenenarles el agua y el ambiente fuera poco, repartió sólo dos litros de agua por persona para tres días, cuando todos sabemos que toda persona necesita como mínimo beber dos litros de agua por día. El desprecio por el ambiente, la salud y la vida de las personas en su afán de ganancias además de ser evidente, es cruel. Ningún pueblo se merece esto.
Como sanluiseña y como cuyana, yo no puedo permanecer indiferente ante tal atropello:
Primero por una simple cuestión de solidaridad.
En segundo lugar porque el río Jáchal pertenece a la cuenca del río Desaguadero, el más largo de nuestra provincia que la bordea en su extremo oeste de norte a sur por más de 500 kilómetros, donde se encuentran las lagunas de Guanacache (compartidas también con San Juan y Mendoza), un humedal que ha sido recuperado luego de mucho esfuerzo, de gran trascendencia en cuanto a la biodiversidad y que es uno de los pocos sitios RAMSAR de la Argentina (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional). Yo no quiero ni una sola gota de cianuro en nuestras lagunas.
En tercer lugar porque como representante del pueblo de la Nación Argentina tengo la obligación de velar por el bien común, por los intereses de nuestro pueblo en lugar de corporaciones como la Barrick, y por sobre todo de los más débiles. Guardar silencio ante este atentado contra el ambiente y nuestro pueblo es ser cómplice. Y es potestad de éste Congreso de la Nación solicitar que se informe, se investigue y se haga justicia.
En cuarto lugar, porque siendo de la Provincia de San Luis, quiero que sepan que otro modelo de desarrollo es posible. Nos lo enseñó Alberto Rodríguez Saá cuando firmó el “Tratado de paz entre el Progreso y el Medio ambiente” que ha inspirado nuestras políticas públicas, llevando a la provincia a los más altos estándares mundiales de calidad ambiental. Aquí la minería a cielo abierto está prohibida, y podemos tomar el agua de cualquiera de nuestros ríos.
Por esto es que, al día siguiente de sucedido el siniestro, presenté dos proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación (5006-D-2015 / 5007-D-2015), uno solicitando que se investigue y se tomen medidas, y el otro para que el Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, nos brinde informes a los legisladores, a los representantes del pueblo, sobre lo ocurrido y las medidas que se adoptarían. Estoy segura de que hubiera sido la mejor forma de informar y tranquilizar a la población.
Todavía hoy sigo esperando respuestas. Como esperan también respuestas los ciudadanos que quieren saber cuánto cianuro se derramó, qué impacto tiene y que se hará de aquí en adelante. Espero, como también esperan los pobladores de Jáchal para tomar agua de sus ríos, y como esperan ver ellos también algún día el progreso y la prosperidad de la minería que les prometieron…
*Diputada nacional por San Luis (Compromiso Federal).
