El proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo fija derechos de la población entre 15 y 29 años y los deberes del Estado. Institucionaliza la asignación para jóvenes que estudien y los ámbitos de elaboración de políticas públicas.
La finalidad del Régimen de Promoción de Juventudes que impulsa la presidenta Cristina Kirchner es establecer “un marco jurídico e institucional que oriente las acciones del Estado” en el “reconocimiento de los derechos, deberes y garantías” así como en la elaboración de políticas públicas para el “desarrollo integral” de la población de entre 15 y 29 años.
En este sentido el proyecto de ley ratifica que los jóvenes tienen derecho a la educación, a la formación y capacitación laboral, a la salud “integral y de calidad”, a la educación “sexual y reproductiva”, al “tratamiento y prevención ante el uso problemático de sustancias legales e ilegales”, al empleo, a la seguridad sociales y a los derechos laborales, a la “participación política”, al deporte, a la cultura, a la vivienda y a “disfrutar de una ambiente saludable”.
Por ende, la iniciativa fija una serie de deberes del Estado para atender cada una de estas cuestiones.
En particular, el texto hace mención a la obligación del Estado de fomentar la participación juvenil en las políticas públicas; “garantizar el ingreso, permanencia y egreso” de los jóvenes en todos los niveles del sistema educativo; planificar políticas para eliminar las causas de la deserción estudiantil y “achicar la brecha digital”; promover la educación y el trabajo de jóvenes imputados, detenidos o condenados por la comisión de un delito; y promover en el sistema educativo el abordaje de la “soberanía nacional, derechos humanos, educación sexual y reproductiva, violencia contra las mujeres y estereotipos de género, prevención de los trastornos alimentarios, valores solidarios”.
Progresar
Por otra parte, el proyecto establece que el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) se actualizará con el mismo índice de movilidad y frecuencia que las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo.
El Progresar es una asignación de 900 pesos mensuales a jóvenes de entre 18 y 24 años que estén desocupados, trabajen informalmente o trabajen pero perciban un sueldo igual o inferior al valor de tres salarios mínimo, vital y móvil, lo que también se aplica al grupo familiar.
El objetivo es que los jóvenes completen sus estudios primarios, secundarios o universitarios. Para ellos el Poder Ejecutivo también brinda asistencia para la formación y orientación laboral y el cuidado de los hijos de los estudiantes.
Seis nuevos organismos
Además crea el Comité Ejecutivo del Progresar con el objetivo de “impartir instrucciones para la ejecución del programa así como para su seguimiento y evaluación”.
Este Comité estará integrado por representantes de diversas áreas del Poder Ejecutivo y será presidido por el titular del Instituto Nacional de las Juventudes, que se propone crear como órgano descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El Instituto estará integrado por tres directos propuestos por el Congreso de la Nación, dos por la mayoría o primera minoría parlamentaria y uno por la primera o segunda minoría parlamentaria. Todos ellos tendrán un mandato de cuatro años.
El Instituto deberá articular las políticas públicas para la juventud aplicadas por los distintas organismos estatales; fomentar nuevas políticas; monitorear la inversión pública en la juventud; y crear el Registro de Organizaciones de Juventud, entre otras cosas.
Bajo su órbita funcionará el Consejo Federal de la Juventud, que se creará con representantes de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover políticas conjuntas, tal como sucede con el Consejo Federal de Salud o el de Educación.
En el ámbito del Instituto también se creará la Red de Consejo Municipales de la Juventud, cuya misión será “colaborar en el diseño y coordinación intermunicipal de las políticas de juventud”. Estos consejos funcionarán como organismos consultivos y no vinculantes, integrados exclusivamente por aquellas organizaciones de jóvenes que se encuentre debidamente inscriptas en el Registro de Organizaciones de Juventud.
Asimismo se propone la creación de la Secretaría Nacional de las Juventudes, bajo la órbita del jefe de Gabinete, con el objetivo de implementar políticas públicas para los y las jóvenes, más allá del Progresar.
La iniciativa también propone crear la figura del Defensor de los Derechos de las Juventudes, quien deberá valor por la defensa de los derechos, garantías y prerrogativas consagradas en beneficio de los y las jóvenes. Este funcionario deberá ser designado por el Congreso y tendrá un mandato de cinco años.
