Se trata de la iniciativa anunciada por la presidenta tras el lanzamiento del Arsat 2, que comenzará a ser tratada el próximo martes en plenario de comisiones.
El proyecto de ley de Desarrollo de la Industria Satelital argentina que anunció la presidenta Cristina Kirchner este miércoles, tras el lanzamiento del Arsat 2, y empezará a debatirse en un plenario de comisiones la semana próxima.
La iniciativa será analizada el próximo martes a las 14 por las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo declara “de interés nacional el desarrollo de la industria satelital como política de estado y de prioridad nacional” y propone, además, la aprobación del Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035.
Ese plan (que el Poder Ejecutivo adjuntó al proyecto como un documento adicional) fija el objetivo de producir en los próximos 20 años ocho satélites más, que se sumarán a los ya lanzados Arsat-1 y Arsat-2.
Según detalla el proyecto, el plan tiene la pauta de “incrementar las capacidades generadas en cuanto a la fabricación de satélites geoestacionarios y prestación de servicios satelitales conexos”.
“La construcción de satélites geoestacionarios estará orientada en principio a abastecer al continente americano con capacidad sobre satélites propios y a la venta total o parcial de plataformas satelitales al exterior”, precisa el documento.
En los fundamentos de la iniciativa enviada al Congreso, el Gobierno destaca que el Plan Satelital responde a “la necesidad de proteger las posiciones orbitales atribuidas a la República Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)”.
“La República Argentina no solo no puede perder las capacidades generadas e cuanto a la fabricación de satélites, sino que debe incrementarlas, aprovechando el conocimiento adquirido y orientando las inversiones en investigación y desarrollo a otras áreas del entramado industrial satelital”, agrega.
El proyecto también declara “de interés público nacional” al Plan Satelital, pero deja al Poder Ejecutivo, por intermedio de la empresa estatal Arsat, la ejecución de las acciones necesarias para su aplicación.
Por otra parte, en uno de sus artículos la iniciativa señala que la Arsat está compuesta en un 51 por ciento por acciones “Clase A” y establece que está “prohibida su transferencia” sin la previa autorización del Congreso, con la aprobación de los dos tercios de sus miembros.
