El “dipusindical” Carlos Gdansky es investigado por la Justicia junto al titular de la CGT oficialista, Antonio Caló, por apropiación de fondos derivados de los seguros del gremio.
La investigación sobre presunto caso de lavado de dinero en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) involucra a un diputado nacional. Se trata de Carlos Gdansky, representante del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires y dirigente metalúrgico de La Matanza.
Al igual que Gdansky, la investigación incluye al titular de la OUM y líder de la CGT oficialista, Antonio Caló, y a los intendentes Hugo Curto (Tres de Febrero) y Francisco “Barba” Gutiérrez (Quilmes), exdirigentes del poderoso sindicato.
Todos ellos, y otros más, aparecen mezclados en el listado que, según la Justicia, se repartían 20.000 dólares mensuales derivados ilícitamente de los seguros del gremio, de acuerdo a lo informado por el diario Clarín.
Esto es consecuencia de un dictamen firmado en los últimos días por la fiscal en lo Penal Económico Gabriela Ruiz Morales que deriva de un juicio seguido a un ex abogado del gremio al que encontraron con 800 mil dólares que quería trasladar sin declarar al Uruguay.
El abogado, Segundo Pantaleón Córdoba, fue condenado recientemente a un año y nueve meses de prisión por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2, pero en esa sentencia se ordenó investigar lo que el propio acusado había admitido ante la Justicia: que había cobrado durante años un “sobresueldo” producto de dinero desviado a los bolsillos de los dirigentes del sindicato a partir de un seguro de vida y sepelio que se le cobraba a todos los afiliados a la UOM.
Por esto se abrió una causa en 2011 contra Córdoba en el juzgado a cargo de Pablo Yadarola, quien analiza el requerimiento fiscal y las medidas allí solicitadas, según dijeron a Clarín fuentes judiciales.
El sindicato contrató en 1987 como aseguradora a la firma Instituto de Seguros S.A., en ese entonces llamada Instituto Cooperativo de Seguros, Cooperativa de Seguros Generales Ltda. Desde la creación del seguro hasta al menos el año pasado, se sospecha que los acusados se repartieron el 20 por ciento del total de los ingresos al sindicato en ese concepto. En el caso de Caló habrían sido unos 20.000 dólares mensuales.
Los pagos fueron reconocidos por dos abogados y un contador que trabajaron para la UOM y que declararon como testigos en el juicio seguido a Córdoba, quien pese a haber cobrado estas sumas de dinero (20.000 dólares mensuales) está acusado de no haber pagado la cuota alimentaria de su hija en el juicio de divorcio que tiene con su ex esposa.
“No existe ningún aval documental ni de otro tipo que permitan justificar las sumas de dinero percibidas en moneda extranjera y mensualmente por Córdoba y por un grupo reducido y selecto de la entidad sindical”, expresó la fiscal en la ampliación de su requerimiento de instrucción conocido ayer. Y concluyó que “lo expuesto permite sostener la imposibilidad de adjudicar una procedencia lícita del dinero en moneda extranjera que era percibida por el entonces imputado, y en consecuencia, por las restantes autoridades gremiales que percibían esas sumas dinerarias de origen espurio”.
La fiscal le pidió también al juez investigar a sindicalistas fallecidos, como Lorenzo Miguel, por cuanto los bienes adquiridos con el dinero supuestamente ilícito aún podrían estar en manos de sus herederos.
