Luego de la presentación de los candidatos para ocupar los cargos en los diferentes órganos de control, hay siete legisladores actuales que tienen posibilidades de llegar a algún ente de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, es una constante que ex diputados porteños sean, en su mayoría, los designados para los directorios.
Por Melisa Yael Jofré
En un año marcado a fuego por las elecciones en todo el país, el armado del rompecabezas en los distintos espacios políticos aún no ha terminado. Es así que dentro de la Legislatura porteña, la negociación por los cargos en los diferentes órganos de control de la Ciudad de Buenos Aires ha dejado un saldo de siete legisladores con chances de asegurarse un nuevo lugar cuando sus mandatos finalicen el próximo 10 diciembre.
Legisladores -tanto del Pro como del Frente para la Victoria- que no han podido renovar su mandato, y otros pocos que no se postularon para un nuevo período este año, se esperanzan con algún lugar dentro del Ejecutivo nacional, dependiendo de quién sea el que se siente en el sillón de Rivadavia cuando Cristina Fernández de Kirchner entregue la presidencia.
Pese a las aspiraciones, y quizás también las promesas que les esperan a algunos, hay otros diputados porteños que se ampararán en los organismos. Si algo cierto hay es que muchas de las caras que pasaron por el recinto de Perú 160 lograron resguardarse en el Consejo de la Magistratura, la Auditoría General, el Ente de Servicios Públicos y la Defensoría del Pueblo, cuya renovación depende, de la votación de la Casa Legislativa.
Uno de los últimos casos es el de Juan Manuel Olmos, el exlegislador que actualmente preside el Consejo de la Magistratura y es catalogado por sus pares como un “gran negociador” que teje un puente entre el Pro y el Frente para la Victoria. El peronista llegó al mando del órgano judicial de la Ciudad en 2011, tras haber obtenido el aval con 49 votos positivos, 7 negativos y 2 abstenciones.
La elección de las postulaciones para el Consejo está establecida en la Constitución de la Ciudad, que en su artículo 115 reza que el organismo está compuesto por nueve integrantes, de los cuales tres representantes son elegidos por la Legislatura, con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.
Este órgano no permite la reelección de sus integrantes y es uno de los organismos clave que renovará sus cargos este año, por lo que el Parlamento de la Ciudad presentó recientemente los candidatos para las bancas correspondientes. Entre los 14 aspirantes titulares y suplentes, presentados por el Pro, el FpV y ECO; cabe destacar que quien guarda grandes oportunidades es el diputado Enzo Pagani.
Pagani, legislador desde 2007, preside actualmente la Comisión de Obras y Servicios Públicos, y responde al sector de Daniel Angelici, ya que además de diputado, forma parte de la dirigencia del Club Atlético Boca Juniors.
La tarea principal del Consejo de la Magistratura, que integra el Poder Judicial porteño cómo órgano permanente, es la selección de magistrados y de administración.
Por otra parte, el órgano de control que también cambiará su conformación a partir de este año es la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA), el organismo que ejerce el control externo del sector público del Gobierno porteño, como así también a las empresas, sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales y de gestión de legalidad.
La Auditoría es dependiente del Poder Legislativo y está compuesta en total por siete miembros, los cuales son todos asignados por la mayoría absoluta de la Legislatura. Asimismo, según el artículo 136 de la Constitución local, “el Presidente o Presidenta es designado a propuesta de los legisladores del partido político o alianza opositora con mayor representación numérica en el Cuerpo. Los restantes miembros serán designados a propuesta de los legisladores de los partidos políticos o alianzas de la Legislatura, respetando su proporcionalidad”.
Actualmente, los exdiputados Eduardo Epszteyn y Santiago De Estrada son auditores generales del órgano. Pero es Epszteyn quien está postulado una vez más para lograr renovar su mandato en la Auditoría, ya que fue presentado como candidato por el kirchnerismo.
Como legislador porteño, Epszteyn trabajó durante su mandato en leyes para preservar el patrimonio arquitectónico de la Ciudad. También, fue autor del proyecto para la estatización de la línea H de subtes, y uno de los tres legisladores que impulsó la iniciativa para que el Club San Lorenzo pudiera recuperar su estadio en el barrio de Boedo.
En su cargo como auditor desde 2011, apuntó contra el Gobierno de la Ciudad denunciando la falta de inversión en obras hidráulicas, el estado de los hospitales públicos y la ejecución del Presupuesto.
En un principio se pensó que Aníbal Ibarra, Claudia Neira o hasta la candidata a parlamentaria del Mercosur, Gabriela Cerruti, tendrían chances en la Auditoría. Sin embargo, ningún diputado actual del interbloque K fue postulado para este organismo, y también se volvió a presentar a Cecilia Segura Rattagan, quien preside actualmente el órgano de control.
En tanto, desde el lado del Pro los aspirantes son los legisladores Oscar Moscariello, apoyado por Gabriela Michetti; María Raquel Herrero y Jorge Garayalde, ubicado en el 8º lugar de la lista de diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, en la nómina de Cambiemos que encabeza Patricia Bullrich. Si el candidato presidencial Mauricio Macri aumenta su cantidad de votos en el distrito donde gobierna hace ocho años, Garayalde tendría posibilidades de ingresar al Congreso de la Nación.
Además, con menos oportunidades, el bloque amarillo dispuso el nombre de la legisladora Gabriela Seijo.
También, dentro de los cargos a elegir, se postularon 12 nombres para el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por el lado del interbloque ECO, una de los cinco candidatos presentados fue la actual diputada Virginia González Gass (PSA), quien tras haberse ubicado en el lugar 13º de la lista de candidatos a legisladores que acompañó la boleta de Martín Lousteau en las elecciones porteñas, no tuvo chances de renovar su mandato en la Legislatura.
El organismo, dependiente del Gobierno de la Ciudad, está especializado en Infancia y tiene como finalidad promover, proteger y garantizar los derechos de todas/os las/os niñas, niños y adolescentes. Además, brinda asesoramiento y patrocinio gratuitos para la reparación de los derechos vulnerados en situaciones particulares.
Por otra parte, dentro de los 17 candidatos para el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA), dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, la izquierda del Parlamento porteño apoyó la postulación del legislador Pablo Bergel (Verde al Sur).
Bergel, quien abandonará la Legislatura el próximo 10 de diciembre cuando culmine su mandato, es un activista ambientalista que, entre sus cargos desempeñados, fue Director Ejecutivo de Greenpeace en los años 1994 y 1995.
El COPUA está encargado de procurar soluciones a los problemas urbano-ambientales comunes, impulsar las inversiones públicas y privadas para generar mejoras, elaborar el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cuestiones tendientes a analizar, investigar y desarrollar proyectos en la materia.
Una vez presentadas todas las propuestas, será ahora la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, que preside el diputado Jorge Garayalde, quien tendrá a su cargo la responsabilidad del procedimiento que culmine con la elevación al pleno de las propuestas definitivas.
Otros casos
Si bien el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos no renueva sus miembros este año, actualmente se desempeña en el mismo el exlegislador Julio Raffo. Raffo ingresó al Parlamento de la Ciudad en 2009, en la lista de Proyecto Sur, y ocupó el cargo de vicepresidente segundo del Cuerpo Legislativo.
Otro de los casos de organismos donde los legisladores desembarcan es la Defensoría del Pueblo, cuyo directorio fue designado en 2013. Según la Constitución de la Ciudad, tanto el Defensor del Pueblo como sus adjuntos son votados por las dos terceras partes del total de los miembros de la Legislatura, en sesión especial y pública convocada al efecto.
Los requisitos para los cargos en la Defensoría son los mismos que debe reunir un ciudadano para presentarse como candidato a legislador, y también una vez en ejercicio gozan de iguales inmunidades y prerrogativas.
Actualmente, el directorio de la institución que aboga por la defensa, protección y promoción de los derechos humanos está bajo el mando de Alejandro Amor, el diputado del Frente para la Victoria que una vez electo dejó su banca disponible a la camporista Paula Penacca.
Asimismo, cada uno de los cinco adjuntos del organismo pasó por el Palacio Legislativo de la Ciudad. María América González fue primero diputada nacional y luego legisladora porteña con mandato del 2009 al 2013. José Palmiotti, fue legislador de 2000 a 2003, y se especializó en los asuntos de Turismo y Deporte. Lidia Saya fue diputada por el Pro durante dos mandatos, desde 2005 a 2013, siendo referente en los temas de salud. El radical Claudio Presman ejerció como diputado porteño desde 2009 a 2013 y Oscar Zago culminó ocho años de ejercicio en 2013, cuando también fue designado para la Defensoría.
Es así que muchos de los diputados que no tienen posibilidades de renovar su banca, o que prefieren cambiar su labor y trabajar desde otro lugar, pueden resguardarse en los organismos de control. Asegurarse un cargo en alguno de estos órganos tampoco es una tarea que debe ser subestimada, porque cabe señalar que es la experiencia como legisladores, principalmente, la que se tiene en cuenta a la hora de destinar los nuevos cargos, y la que aporta un beneficio fundamental a los nombres de los postulados. Sin embargo, como siempre, las disputas dentro de los espacios políticos terminan con ganadores y perdedores.
