A principios de este año fue sancionada la ley que disolvió la Secretaría de inteligencia y la sustituyó por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El diputado considera que “la exSIDE tiene un historial oscuro en el que abundan la comisión y encubrimiento de delitos graves, llegando al punto de sospecharse su intervención en uno de los más graves atentados terroristas que sufrió nuestro país. Una reforma tomada en serio implica no solamente diseñar los mecanismos institucionales que impida que esto vuelva a pasar, sino también reconocer que una adecuada gestión de las políticas de inteligencia va de la mano de un cambio en las prácticas corruptas y viciadas de este organismo que trasciende un mero cambio de la titularidad de la agencia”.

Agregó que “las reformas que vengo proponiendo desde 2001 y sostengo hasta la fecha, tienen por objetivo garantizar el control político y judicial de las actividades de inteligencia. Es decir, desmontar el oscuro y corrupto sistema de connivencia entre política, justicia y servicios de inteligencia”.

Algunos de los puntos centrales del proyecto son: aclarar la diferencia entre inteligencia e investigación criminal, restringiendo la posibilidad de investigación criminal del organismo de inteligencia a actos de terrorismo o que afecten la defensa nacional y a los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, dejando afuera el resto de aquellos que están enumerados en la Ley 27.126, como por ejemplo el narcotráfico, la trata de personas, los ciberdelitos y los delitos atentatorios contra el orden económico y financiero; establece parámetros claros de transparencia en el funcionamiento de los organismos que forman parte del Sistema de Inteligencia Nacional, concediendo acceso irrestricto a la información, sin mediar autorización alguna, a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y se prohíbe la restricción del acceso a la información invocándose razones de seguridad nacional, salvo que se demuestre que la información está contemplada entre la que debe ser clasificada, su publicación ponga en riesgo la seguridad nacional y este riesgo sea mayor al daño de no publicarla y que se revise esta restricción por parte de la justicia; entre otras modificaciones.

Garrido concluyó señalando que “la Ley 27.126 se quedó a mitad de camino en el cambio de una entidad pública que históricamente se ha manejado al margen de cualquier control político y ciudadano. No hay razones para no completar esa tarea”.