El proyecto, orientado a subsanar las irregularidades en la tenencia de inmuebles, obtuvo dictamen en plenario de comisiones, donde fue defendido por el secretario de Acceso al Hábitat. Respaldo de la oposición en general.
El proyecto de ley para la regularización dominial de la vivienda familiar promovido por el Poder Ejecutivo obtuvo dictamen favorable este martes y quedó a un paso de ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue aprobada en un plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Vivienda y Ordenamiento Urbano, donde fue defendida por el secretario de Acceso al Hábitat de la Nación, Rubén Pascolini.
Los bloques de la oposición se manifestaron a favor del proyecto en general, aunque formularon algunas objeciones.
Con la futura norma, el Estado podrá “financiar la compra de tierras ocupadas irregularmente; tendrá un registro de viviendas y barrios informales para focalizar mejor sus políticas, y financiará a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios en los recursos para la regularización”.
Según Pascolini, la propuesta de ley, que fue anunciada por la propia presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, tiene un “claro interés social” y “favorece a un sector importante de la población que construyó viviendas en terrenos de los cuales no son titulares”.
“El Estado se hace cargo de un aspecto del déficit habitacional pendiente”, enfatizó, al indicar que el proyecto, de 30 artículos, “amplía y mejora políticas públicas que se han llevado adelante estos años”.
Además, dijo, “beneficia a otros sectores indirectamente”, como es el caso de “las poblaciones que rodean a los lugares donde se va a intervenir”.
De acuerdo al último censo, 539 mil familias están afectadas en todo el país por la problemática de la irregularidad dominial, es decir, construyeron su vivienda pero no son dueñas del terreno en el que ésta se emplaza.
Pascolini aclaró que la ley propuesta “no sólo alcanza a viviendas urbanas, sino también a viviendas periurbanas y rurales, y a la vivienda para la unidad familiar productiva”.
El funcionario explicó que la iniciativa crea un “Registro Nacional de Barrios y Viviendas Informales”, una “herramienta que repara la falta de información” en este aspecto.
Este registro contendrá datos sobre “la ubicación geográfica de los inmuebles en los que se emplazan los barrios informales, su titularidad de dominio, la distribución espacial de las viviendas allí emplazadas e información sobre las familias que las habitan”, entre otros.
Además, se pondrá en marcha un “Consejo Federal para la Regularización Dominial” para “generar un nivel mayor de articulación entre las distintas jurisdicciones del Estado”, que estará integrado por un representante de la autoridad de aplicación y por representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, Pascolini remarcó que se contempla “la posibilidad de financiar todas las tareas propias de la regularización dominial”, como “la intervención de agrimensores” y los “procesos escriturarios”.
Con este fin, la autoridad de aplicación de la ley, que será fijada en la reglamentación, quedará facultada transferir a las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios los recursos necesarios.
También se establece un “mecanismo de precios topes de cada terreno”, de modo de fijar un “monto máximo a pagar por cuota” y se plantea la posibilidad de que “el Estado pueda intervenir en las subastas”.
Por el Frente para la Victoria, los diputados Luis Cigogna y Carlos Rubín elogiaron el proyecto. El correntino sostuvo que se promueve una “política federal que contempla a todos los sectores”.
El gobernador electo de Córdoba, Juan Schiaretti, y la socialista Alicia Ciciliani destacaron los objetivos generales del proyecto, mientras que Fernando Sánchez (Coalición Cívica) planteó objeciones.
El presidente de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, José Cano (UCR), también adelantó el apoyo de su bloque, aunque firmó en disidencia parcial. “No sabemos cuál va a ser el criterio del Consejo para fijar el presupuesto”, señaló, y consideró que “los recursos tienen que bajar de las provincias y los municipios”.
Por el Frente de Izquierda, Pablo López advirtió que “la discusión de este proyecto revela que después de 12 años de gobierno no pudieron regularizar los terrenos y el problema de la vivienda”.
La Ley 24.374, conocida como “Ley Pierri”, es la que rige desde 1994 y permite regularizar los terrenos ocupados con causa lícita a través un trámite simplificado, pero en la actualidad sólo se encuentra vigente en seis provincias (Buenos Aires, Salta, Córdoba, Tucumán, Mendoza – delegada a sus municipios- y Santa Fe), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ciudad rionegrina de Bariloche.
El proyecto que ahora será tratado en el recinto de la Cámara baja amplía los plazos de aplicación de esta ley hasta tres años antes del 10 de enero de 2015, con el propósito de abarcar más casos de tenencia irregular.
