La Casa Rosada publicó en el Boletín Oficial la ley del Congreso aprobada por unanimidad.
El Gobierno nacional promulgó la ley para indemnizar a los damnificados por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, tragedia ocurrida en noviembre de 1995 en esa localidad de la provincia de Córdoba, que dejó siete muertos y más de 300 heridos.
Así lo hizo mediante el decreto 2062/2015, publicado en el Boletín Oficial, junto al texto de la normativa sancionada, con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Defensa, Agustín Rossi.
La iniciativa, presentada por el exdiputado y actual secretario general de la Presidencia, Eduardo “Wado” De Pedro, fue aprobada por unanimidad el 16 de septiembre por el Senado.
Las indemnizaciones, que alcanzarán a 10.691 personas, estarán dirigidas a herederos de personas fallecidas, a quienes hayan sufrido lesiones graves, daño moral y/o psíquico y a quienes hayan tenido perjuicios por daños materiales o desvalorización de las propiedades.
Los herederos de las personas que fallecieron a consecuencia de la explosión tendrán derecho a percibir una indemnización equivalente a “la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 0 del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional, multiplicado por 100”.
Los que sufrieron lesiones gravísimas cobrarán el mismo monto reducido en un 30 por ciento.
En tanto, la indemnización será un 40 por ciento menos para las víctimas con lesiones graves; un 96 por ciento menos a quienes hayan demandado al Estado Nacional por reparación de daño moral o daño psíquico; y un 97 por ciento menos a los que demandaron al Estado por la reparación de daño material.
Quienes pretendan acogerse a esta indemnización deberán desistir de toda acción en los procesos judiciales y renunciar a entablar futuras acciones contra el Estado Nacional.
Por su parte, la norma establece que aquellos que ya hayan percibido un importe menor a raíz de acciones judiciales emprendidas contra el Estado cobrarán la diferencia; mientras que los que cobraron más dinero no están obligados a devolver nada.
El pago de la indemnización a los beneficiarios o sus herederos se hará mediante la entrega de bonos de consolidación o bonos de consolidación de deudas previsionales.
El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley dentro de los 60 días contados desde su publicación.
Por las explosiones registradas el 3 y 24 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar Río Tercero, el año pasado fueron condenados a penas de entre 10 y 13 años de prisión cuatro imputados. Entre otros, es investigado el expresidente y actual senador nacional Carlos Menem.
