Participación Comunal

La Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura porteña avanzó en un proyecto para que las reuniones de las juntas comunales sean abiertas a los vecinos. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el Pro y todavía debe atravesar la barrera en otra comisión.

Pese al calmo trabajo que la Legislatura porteña viene teniendo a lo largo del año electoral, una de las comisiones que más se ha reunido fue la de Descentralización y Participación Ciudadana, que preside la legisladora María Rosa Muiños (FpV). Es así que fue durante el último encuentro cuando avanzó un proyecto de ley para que las reuniones que se llevan a cabo en las juntas comunales sean de carácter público.

La norma despertó la polémica y las objeciones del bloque del Pro, pero también desde el Frente para la Victoria, Muiños explicó a Semanario Parlamentario cuáles son los principales ejes que la iniciativa tendría que haber considerado antes de salir de la comisión como un despacho de minoría, firmado por cinco miembros.

El proyecto, presentado por el diputado Pablo Bergel (Verde al Sur) en 2014, establece la publicidad de las reuniones de las juntas comunales por todos los medios de difusión que estén a disposición de las comunas; la participación de los vecinos en la misma sala o un sala contigua, desde donde puedan seguir el desarrollo del encuentro mediante una pantalla, y la firma de actas sobre el contenido de las reuniones, con su posterior difusión.

Además, la normativa implica que se pueda implementar una media hora previa del derecho a la palabra por parte de los vecinos, tal como se realiza en las comisiones de la Legislatura.

En primer lugar, respecto del carácter público de las reuniones, Muiños consideró que “el proyecto habla de una participación de los vecinos dentro de las juntas comunales, pero se debería especificar en qué tipos de reuniones, porque hay reuniones de las juntas en donde se tocan temas y se constituye como un cuerpo deliberativo y otras que son, o deberían ser, de ejecución, y es en ese caso cuando no corresponde que las reuniones sean abiertas”.

Desde el oficialismo, la diputada Victoria Roldán Méndez aseguró a este medio que “las comunas tienen la facultad de dictarse su propio reglamento y, en ese sentido, ninguna de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires estableció en su reglamento que las reuniones tengan que ser públicas. Eso ya es un primer indicio de la autonomía de las comunas que plantearon ese mecanismo de trabajo”.

Por otro lado, el punto más cuestionado fue también la media hora de escucha previa a los vecinos. El artículo de la normativa había sido retirado para obtener el consenso, pero una vez que el Pro declaró no acompañar la iniciativa, volvió a incorporarse al texto.

En esta línea, tanto Muiños como Roldán Méndez coincidieron que la existencia del Consejo Consultivo ya es una vía de canalización de las demandas y necesidades vecinales. “Estaríamos yendo incluso por encima de las atribuciones y competencias del Consejo”, señaló la joven diputada del Pro.

Sin embargo, el legislador Pablo Bergel defendió esta instancia “al tratarse de dos cosas distintas” y afirmó que “no hay superposición”. Además destacó “la permanente queja de los vecinos que reclaman ser escuchados”.

En diálogo con Parlamentario, Bergel sostuvo que “el Consejo Consultivo se reúne independientemente, en fecha, con su temario, y si vota algo o decide algo que le quiere comunicar a la junta comunal, lo hace. En esta propuesta, la primera media hora no se trata de que sea el Consejo Consultivo quien se exprese, sino que sean los vecinos en nombre propio y sobre los temas que le preocupan, que pueden coincidir o no con el Consejo Consultivo”.

Para el diputado, el objetivo central que persigue la norma es poder brindar la información y fomentar la participación, ambos aspectos que “van en la misma dirección de por qué existen las juntas comunales y los Consejos Consultivos”. “Lo que hace a la transparencia tiene que ver con la democracia”, subrayó.

En tanto, la discusión sobre la presencia de vecinos en las reuniones también se generó en torno al carácter ejecutivo de las juntas. Roldán Méndez precisó que “si bien no hay una definición en cuanto a cuáles son las funciones de la junta, si es ejecutiva o legislativa, nosotros creemos que las comunas tienen una función eminentemente ejecutiva, más allá de que realmente son una especie de híbrido en tanto que son elegidas por el pueblo. Y por eso mismo, no es necesario que las reuniones sean públicas”.

La legisladora del bloque amarillo además afirmó que en las mayorías de las sedes comunales se firman las actas luego de las reuniones, “porque eso está establecido por la ley, y así se practica”.

Sin embargo, la posición de Bergel sobre el cuestionamiento difiere al del Pro, ya que para el legislador las comunas “son un cuarto poder” porque así las instala la Constitución de la Ciudad. “Son un cuarto poder de elección directa popular y no como una dependencia del Poder Ejecutivo, eso eran los CGP anteriores, que eran oficinas descentralizadas del Gobierno en los barrios pero no eran un poder de la democracia. Las comunas, sí, entonces tienen que ser transparentes y los juntistas deben poder tener acceso a la información que maneja el Gobierno de la Ciudad”, sentenció el diputado.

Según lo estipulado en la Carta Magna de la Ciudad, “las Comunas ejercen funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia. Ninguna decisión u obra local puede contradecir el interés general de la Ciudad”.

Dentro de sus competencias, el artículo 128 reza que le son atribuidas “el mantenimiento de las vías secundarias y de los espacios verdes de conformidad a la ley de presupuesto; la elaboración de su programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual, así como su ejecución. En ningún caso las Comunas pueden crear impuestos, tasas o contribuciones, ni endeudarse financieramente; la iniciativa legislativa y la presentación de proyectos de decretos al Poder Ejecutivo; y la administración de su patrimonio, de conformidad con la presente Constitución y las leyes”.

Las Comunas fueron reconocidas como tal por la Constituyente en 1996, y pasaron nueve años más para que, en 2005, se sancione una ley orgánica de su organización, competencia y funcionamiento. Además, la primera elección de comuneros se realizó en 2011, y será el 10 de diciembre próximo cuando recién asuma la renovación de juntistas que resultaron electos en las elecciones de este año.

El accionar de cada una de las 15 comunas que componen el distrito ha sido siempre un punto de discusión. En este sentido, la presidenta de la comisión, que trabaja en su evolución, presentó un proyecto para que se modifiquen una serie de artículos de la Ley 1.777.

“Nosotros entendemos que más allá de la escasa voluntad política del Ejecutivo de ponerlas en funcionamiento, se amparan básicamente en una ley que nació del consenso, pero un consenso escaso donde en ese momento casi ningún bloque era partidario de los gobiernos comunales, de armar las juntas comunales. Entonces entendemos que la Ley 1.777 tiene algunos grises y zonas peligrosas de donde se aferra el Poder Ejecutivo para no dar firme cumplimiento al traspaso de competencias a cada una de las comunas”, fundamentó Muiños ante este medio.

En cuanto a la asignación del Presupuesto para cada una de las juntas, la legisladora kirchnerista sostuvo que “en realidad ninguna junta ha ejecutado partidas como lo marca la ley, para eso deberían reunirse todos los juntistas, o la mayoría, y estar de acuerdo en que hay un tema que merece una asignación presupuestaria, bueno esto finalmente no se hace, no funciona de esa forma, sigue siendo el Ejecutivo el que le dice al presidente de la junta en qué tiene que gastar lo asignado”.

“Les molesta toda forma de participación, las cosas que el Gobierno no puede eliminar, las trata de minimizar, tratan de reducirla a su mínima expresión y que, a su vez, dentro de las comunas se desalienten los vecinos”, concluyó Bergel, el autor de la iniciativa que tiene giro a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Por su parte, Roldán Méndez consideró que “en términos generales la verdad es que las comunas vienen a mejorar la relación entre el vecino y el Gobierno. Creo que las comunas han sido y son una herramienta más para el vecino”.

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