Por Pablo Riveros

Subversivos”, “idealistas”, “desinteresados”, “apáticos”, “desmovilizados”: estos son algunos de los calificativos que durante la última dictadura (1976-1983) y los gobiernos democráticos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa (1989-2001) circularon con frecuencia por los discursos hegemónicos para caracterizar a los jóvenes argentinos, en particular en su vínculo con la política. Pero las cosas parecen haber cambiado.

Las marchas del 24 de marzo, las actividades proselitistas, las manifestaciones solidarias que siguen un desastre climático o las protestas por educación abundan en caras frescas.

Otro tanto se ve con el discurso presidencial: entre los distintos sectores sociales que Cristina Kirchner llama a movilizarse, se destaca la juventud como un actor social peculiar. Reiteradamente la presidenta convoca a la militancia juvenil, como intentando mantener y robustecer una llama consumida por la dictadura y el neoliberalismo noventista. Así, lejos de toda connotación negativa, apela a los jóvenes como uno de los principales beneficiarios de sus políticas gubernamentales, pero también como los responsables de que las transformaciones sociales sigan un curso positivo.

Por cierto que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no fueron los primeros en incentivar una renovación generacional en las estructuras de poder del Estado. Como La Cámpora hoy en día, Raúl Alfonsín tuvo La Coordinadora al final de su Gobierno y Fernando de la Rúa contó con el Grupo Sushi.

Como fuera, la diferencia más clara radica en las políticas públicas que implementó cada Gobierno para este sector heterogéneo de entre 15 y 29 años.

De la época de los militares quedó en la memoria colectiva el pelo corto, la censura, los estudiantes desaparecidos, la Noche de los Lápices, los adolescentes en Malvinas.

Del primer Gobierno constitucional, la creación de la Subsecretaría de Juventud, el Congreso Pedagógico, la militancia universitaria sin censura.

De los años de la convertibilidad, la reducción del presupuesto educativo, la Carpa Blanca, el surgimiento del comedor-escuela, el Sol sin Drogas, el fin de la “colimba”.

De la era kirchnerista, el financiamiento educativo y del Enard, las nuevas universidades, la educación sexual, el Plan Fines, el voto joven, la Asignación Universal por Hijo, Conectar Igualdad o el Progresar, entre otros.

Que sea política de Estado

Tal como lo viene haciendo en otros temas, el kirchnerismo busca darle carácter de política de Estado al Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar): la asignación mensual a jóvenes de entre 18 y 24 años que estudian pero están desocupados, trabajan informalmente o perciben un sueldo igual o inferior al valor de tres salarios mínimo, vital y móvil, que constituye una herramienta para evitar la situación “ni-ni” (ni estudia, ni trabaja).

Quizá ese sea el aporte más importante del proyecto de ley de Régimen de Promoción de Juventudes que envió el Gobierno al Congreso. La institucionalización del Progresar significará que la asignación no podrá ser anulada por decreto del Poder Ejecutivo, porque tendrá carácter de ley, que gozará de dos aumentos anuales tal como sucede con las jubilaciones y la AUH, y que nunca podrá disminuirse su valor.

Más allá de eso, el proyecto crea nada más ni nada menos que seis nuevos organismos que prestan a la confusión porque algunos de ellos compartirán los mismos objetivos. Así, por un lado, se propone conformar un Comité Ejecutivo el Progresar con el objetivo de “impartir instrucciones para la ejecución del programa así como para su seguimiento y evaluación”. Por otro, se promueve que la Subsecretaría de Juventud tenga rango de Secretaría, ya no bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, sino de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Su objetivo será implementar políticas públicas para los y las jóvenes.

Al mismo tiempo se impulsa la creación del Instituto Nacional de las Juventudes, como órgano descentralizado también en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, el cual deberá articular las políticas juveniles aplicadas por los distintos organismos estatales; fomentar nuevas políticas; monitorear la inversión pública en la juventud; y crear el Registro de Organizaciones de Juventud, entre otras cosas. Se diferenciará de la nueva Secretaría de Juventud en que estará integrada por tres directores propuestos por el Congreso.

La novedad será la constitución de la figura del Defensor de los Derechos de las Juventudes y la conformación del Consejo Federal de la Juventud. El primero será designado por el Congreso y deberá velar por la defensa de los derechos, garantías y prerrogativas consagradas en beneficio de los y las jóvenes. Menuda tarea, si se tiene en cuenta la fuerte estigmatización de “la juventud” -como si existiera tal grupo homogéneo-, a la que se asocia con el consumo de drogas o las prácticas sexuales “irresponsables”. Peor si se es pobre y joven. Pero mucho peor si se es joven, pobre y mujer. El “chorro con gorrita”; el “qué pretendes, si se viste así”; o el “pobrecita, no va a poder”, son ejemplos comunes de la criminalización de los jóvenes pobres y del machismo que pesa sobre las adolescentes argentinas.

La pregunta al respecto es cuánto tardará el arco parlamentario en designar al nuevo funcionario, teniendo en cuenta que adeuda desde 2009 el nombramiento del Defensor del Pueblo y desde 2005 el Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Por su parte, el Consejo Federal de la Juventud -que reunirá a representantes de Nación y las provincias- se inscribe en el carácter federal de elaboración de políticas públicas, tal como sucede en la actualidad con los consejos federales de Salud o Educación.

¿Lo que abunda no daña?

También se propone crear la Red de Consejo Municipales de la Juventud, cuya misión será “colaborar en el diseño y coordinación intermunicipal de las políticas de juventud”. Estos consejos funcionarán como organismos consultivos y no vinculantes, integrados exclusivamente por aquellas organizaciones de jóvenes que se encuentre debidamente inscriptas en el Registro de Organizaciones de Juventud.

Por lo demás, el proyecto es similar a una declaración de principios porque se propone ratificar que los jóvenes tienen derecho a una serie de cuestiones ya contemplados en la Constitución y en la legislación vigente.

En particular se mencionan el derecho a la educación, a la formación y capacitación laboral, a la salud “integral y de calidad”, a la educación “sexual y reproductiva”, al “tratamiento y prevención ante el uso problemático de sustancias legales e ilegales”, al empleo, a la seguridad social y a los derechos laborales, a la “participación política”, al deporte, a la cultura, a la vivienda y a “disfrutar de una ambiente saludable”. Y en consiguiente, se definen los deberes del Estado para cada una de estas cuestiones.

Los temas en debate

El proyecto que el kirchnerismo se apresta a aprobar constituye un “marco jurídico” para las políticas juveniles del Estado, las cuales deben ser diseñadas de manera aparte por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Precisamente, uno de los reclamos que surgió en los foros organizados por la Subsecretaría de Juventud para discutir el proyecto fue la implementación del boleto estudiantil, tomado por los gobiernos de Chaco y Buenos Aires y convertido en ley.

Se trata de uno de los temas en el tope de la agenda de debate de políticas juveniles. Pero hay muchos más. Los principales tienen que ver con la educación y el acceso al trabajo, como se desprende de una lista de propuestas para la juventud confeccionada por Semanario Parlamentario.

Ley de Educación Superior. Es la única de las normas educativas sancionadas en los noventa que no fue revisada durante la era K. A pesar del reclamo estudiantil y de los proyectos presentados, el oficialismo nunca promovió la reforma del perfil neoliberal, orientado al mercado, de la ley que rige a los institutos terciarios y a las universidades.

Ley de Aprendiz y Programa Primer Paso. Unión por Córdoba, la agrupación de José Manuel de la Sota, y el Frente Renovador proponen que el Estado pague una parte del salario de los jóvenes que ingresan a una empresa para aprender un oficio. También proponen replicar a nivel nacional el programa aplicado en la provincia mediterránea para que los jóvenes puedan tener su primera experiencia laboral durante un período determinado. En el caso de las pymes, el diputado Roy Cortina (Partido Socialista) propone que se subsidie el 60 por ciento de un salario mínimo, vital y móvil.

Asignación por Hijo en el Deporte. Sería un beneficio complementario a la Asignación Universal por Hijo, de acuerdo con el proyecto de ley de La Cámpora que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa forma parte de un paquete de propuestas para fomentar la actividad deportiva en lo jóvenes, que incluye la creación de un ente para promover nuevos programas deportivos.

Educación Sexual y aborto legal. La Ley de Educación Sexual fue aprobada en 2006 pero todavía queda pendiente su plena aplicación en muchas escuelas provinciales. La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que cada vez suma más adherentes, reconoce la necesidad de implementar fuertes programas de educación sexual para evitar que las mujeres interrumpan voluntariamente un embarazo. No obstante, también promueve la legalización para respetar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y para evitar muertes por abortos clandestinos.

Tutores para madres adolescentes. Para evitar la deserción escolar, los senadores puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso impulsan la creación de tutores especiales que acompañen a las madres adolescentes en condiciones de vulnerabilidad o marginalidad socioeducativa a completar sus estudios escolares.

Arraigo juvenil. En el Congreso se presentaron numerosos proyectos para evitar que jóvenes de regiones rurales o periféricas migren a los centros urbanos en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Uno de los últimos corresponde a la diputada Virginia Linares (GEN) y propone financiar emprendimientos productivos en las zonas de origen.

Régimen penal juvenil y baja de la edad de imputabilidad. Un viejo debate que todavía sigue abierto. Mientras algunos sectores buscan bajar a 14 años la edad de imputabilidad, otros se paran en la vereda de enfrente y proponen una ley para que los menores de edad que cometan un delito no reciban el mismo tratamiento que los adultos.

Gabinete joven. El Partido Socialista quiere replicar en el Gobierno nacional la perspectiva joven en la elaboración de políticas públicas que adoptaron el municipio de Rosario y el Gobierno de Santa Fe.

Vivienda. Diversos proyectos se han presentado en el Congreso para subsidiar el pago de alquileres o para brindar créditos especiales a los jóvenes que quieran comprar su primera vivienda.