La diputada nacional de Suma+ECO Carla Carrizo presentó un proyecto para que puedan votar quienes se encuentren a más de 500 kilómetros de su mesa y las personas privadas de su libertad cuya pena no anule sus derechos políticos.

“Hablamos mucho de inclusión en democracia pero lo cierto es que en Argentina el voto es universal y obligatorio desde 1912 y a 103 años de aquella conquista, el Estado hoy, y en la era de la tecnología de la comunicación, no garantiza que todos puedan votar, afirmó la diputada del espacio de Martín Lousteau.

Carrrizo señaló que “esto ocurre en las elecciones nacionales con quienes se encuentran a más de 500 kilómetros de su domicilio de votación y con quienes están privados de libertad pero cuya pena no afecta sus derechos políticos de votar”.

“En elecciones nacionales donde votamos un presidente que se elige a distrito único y a diputados nacionales que nos representan a todos los argentinos más allá de la provincia en que vivamos, que se impida votar o se transforme en una decisión personal la obligatoriedad a quien no se encuentre cerca de su mesa de votación es increíble”, sostuvo.

Para la legisladora, “esto sólo se explica por negligencia estatal, por eso proponemos que quienes se encuentren a más de 500 kilómetros de su domicilio el día de votación puedan hacerlo en la provincia en que se encuentren y su voto sea adjudicado al distrito en el que se encuentran empadronados”.

Además, se preguntó “cómo es posible que garanticemos que puedan votar los extranjeros y no a las personas privadas de libertad cuya pena no viola sus derechos políticos”, y consideró que esta restricción es “puro conservadurismo”.

En el proyecto de ley, fundamentó que “la pena privativa de libertad implica una restricción de la libertad ambulatoria, pero ésta no debe extenderse a la privación de los derechos políticos en todos los casos”.

“Las personas condenadas deben poder, como cualquier ciudadano, participar, en este caso con su voto, en los asuntos públicos ya que son muchos los aspectos de la vida social que no se vinculan con el delito ni con la pena que les fue impuesta”, finalizó Carrizo.