Un marco jurídico normativo que se hizo esperar, nada más ni nada menos, que 32 años, un corolario, creyendo en la buena fe e ingenuidad de sus creadores, a todas luces. Un marco normativo en el que a grandes rasgos se puede coincidir o no, pero que sienta un precedente de oportunidad importante para todos aquellos que participamos activamente en el desarrollo e impulso de políticas públicas de juventud, o que siendo parte de esta franja etaria creemos que debiera establecerse.

En los fundamentos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo encuentro grandes puntos de consenso con la postura del partido al que pertenezco (Pro) y que no habían sido tenidas en cuenta hasta la fecha en el ámbito nacional ya que, recordando en la Ciudad de Buenos Aires el partido de gobierno viene encarando desde todos sus ministerios, pero específicamente desde la “Dirección General de Políticas de Juventud”, esta articulación de programas de Gobierno aquí plasmados.

Pero volviendo al tema en cuestión y dejando el proselitismo para alguna cadena nacional incipiente, me parece acertado y celebro que sea, de una vez por todas, materia de debate en la Argentina la problemática creciente en la franja etaria de juventud (15/16 a 29 años) donde a diferencia de los fundamentos establecidos por la presidenta de la Nación los “NI_NI” (Ni estudian ni trabajan) se vuelven el problema fundamental para las generaciones venideras y el desarrollo económico y social del país.

Sabiendo que no “…existe ninguna evidencia que relacione el ser joven y no tener empleo ni estudiar con el ejercicio de la violencia, la delincuencia y el consumo de drogas”, como trata de instalar el candidato presidencial y ex jefe de gabinete devenido convenientemente en “opositor”, se vuelve prioritario solucionar las consecuencias de un modelo económico que ha truncado las posibilidades económicas y estudiantiles de por lo menos una generación entera de argentinos articulando programas de gobierno específicos hacia esa franja de la población.

Un detalle no menor y que por nada puede dejarse pasar por alto es la sujeción económica de la Secretaria nacional de las Juventudes que busca crear la “Ley de Promoción de las Juventudes” al arbitrio del jefe de Gabinete. Vale recordar en este sentido que durante el Gobierno de Carlos Saúl Menem y principalmente por vocación de su jefe de Gabinete Carlos Corach, las juventudes lograron obtener el rango de Subsecretaría y con un fuerte impulso de éstas se creó mediante el Decreto 693/99 el “Consejo Federal de Juventud”. Dicha aclaración sirve para consolidar la preocupación más grande que surge de la lectura del proyecto: ¿qué ocurriría en el caso de una mala relación personal entre el jefe de Gabinete y el secretario de las juventudes? ¿Qué ocurriría si el jefe de Gabinete de algún gobierno venidero tuviera cierta despreocupación por los temas de juventud? ¿Cómo podría financiarse dicha secretaría si se le recortaran los fondos para su funcionamiento aun existiendo el incipiente proyecto consagrado en ley?

Es necesario y fundamental para el desarrollo de las políticas públicas de juventudes y su articulación, que dicha secretaría cuente con un presupuesto propio, más allá de que resulte adecuada su dependencia hacia Jefatura de Gabinete, las políticas destinadas a esta porción etaria debe estar garantizada frente a cualquier inconveniente venidero.

En los fundamentos la presidenta de la Nación hace un reconocimiento explícito a la informalidad laboral sobre las mujeres que a mi entender reviste de una gravedad absoluta. Cito: “Más del setenta por ciento (70%) de la población a la que despectivamente se define como ‘ni ni’ son mujeres, invisibilizando de esta manera el trabajo en el hogar que las mismas realizan”; esto no es más que un reconocimiento a la informalidad y un desligarse de responsabilidades sobre una porción juvenil de vital relevancia infiriendo tintes sexistas desafortunados. Las mujeres jóvenes, no por realizar tareas en el hogar dejan de gozar de los derechos al trabajo registrado y posibilidades educativas en igualdad de condiciones que la porción masculina o de cualquier condición sexual para el Estado.

Por fuera de lo antes mencionado, considero que el proyecto viene a contribuir a la aplicación de políticas de juventud y nutre al estado de herramientas fundamentales para poder fijar objetivos y plazos en el desarrollo eficiente de políticas públicas como lo venimos realizando en la Ciudad de Buenos Aires desde hace varios años.

Esperemos un debate amplio del proyecto, donde seguramente los partidos minoritarios tengan algún tipo de consideración y puedan esas consideraciones ser tenidas en cuenta al momento de sancionar leyes como ésta que, como expresé con anterioridad, desde la buena fe buscan contribuir al desarrollo de la nación Argentina toda.