El proyecto enviado por el kirchnerismo al Congreso Nacional para crear varias instituciones referidas a la juventud esconde el afán de proceder a una regimentación de las organizaciones juveniles mediante la cooptación y la proliferación de cargos públicos. Para acceder a los beneficios que se supone tendrá la participación en estas instituciones, deberá cumplirse el requisito de inscribirse en un registro estatal de organizaciones juveniles. De este modos se producirá un salto cualitativo: la regimentación se transformará en estatización.

Para encubrir esta orientación se recurre al viejo truco de enumerar derechos que le asisten a la juventud, tales como la vivienda, el trabajo, la educación, la salud, la recreación, etc., etc. Todos estos derechos, sin embargo, ya le son reconocidos a la juventud y al conjunto de la población en la propia Constitución Nacional, sin que por ello el Gobierno actual haya hecho nada para efectivizarlos en sus 12 años de mandato. Todas las estadísticas muestran que somos los jóvenes quienes sufrimos de manera agravada la precariedad laboral, los bajos salarios, la falta de viviendas, la deserción escolar, la crisis de la salud pública, la represión policial, la pobreza. Esta situación de la juventud contrasta con los beneficios de los capitalistas, que según la propia presidenta “la levantaron en pala”.

El proyecto incurre en la contradicción fatal de pretender que el gobierno y el Estado que son responsables de la situación de precariedad en la que se encuentra la juventud deben ser quienes nombren a los integrantes de las instituciones juveniles que deben velar por sus derechos. ¿O el Gobierno que niega el derecho al aborto es quién velará por la “salud reproductiva” de la juventud? ¿O quiénes rechazan prohibir la tercerización laboral en el Congreso garantizarán un trabajo en blanco y con un salario equivalente a la canasta familiar? ¿O los mismos que ocultan los datos sobre la pobreza, que alcanza a casi el 40% de la juventud, tomarán medidas para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes? Basta hacerse la pregunta para encontrar la respuesta.

El alcance realmente inocuo para la efectivización de los derechos de la juventud contrasta con la proliferación de organismos que se crean: una Secretaría Nacional de las Juventudes, un Instituto Nacional de Juventudes, un Consejo Federal, una Defensoría y una Red municipal. Lo más parecido a “cargos públicos para todos y todas”.

En carácter de maniobra debe entenderse que el proyecto incorpore la actualización del plan Progresar con un índice similar a la AUH. Estamos frente a un chantaje para querernos hacer votar una ley estatizante a cambio de un plan social ya de por sí muy deficiente.

Semejante iniciativa debe ser rechazada por todas las organizaciones populares independientes. Si realmente se pretende crear un organismo dotado de capacidad de acción para hacer efectivos los derechos de la juventud entonces somos los jóvenes los que debemos elegirlos de manera directa. Bastaría para ello que se convoque a una elección de todos los jóvenes entre 15 y 29 años (para seguir la franja etaria del proyecto oficial) y que nosotros elijamos y revoquemos a nuestros propios representantes. De este modo se tira por tierra con las maniobras regimentadoras y estatizantes del actual gobierno. Un organismo de este tipo debería basarse en la movilización de la juventud para conquistar sus derechos.