El FpV sostuvo que los mandatos de los auditores “estaban vencidos” y negó haber violado el procedimiento

Julián Domínguez, aseguró que la Cámara de Diputados “estaba en mora” con la designación de sus tres representantes en la Auditoría General de la Nación, y reveló que “el problema es que la UCR y el Pro no se ponen de acuerdo en quién va a ser el auditor” que le corresponde a la oposición.

El Frente para la Victoria defendió la designación de dos nuevos miembros de la Auditoría General de la Nación al asegurar que los mandatos de los auditores que debe nombrar la Cámara de Diputados “estaban vencidos desde el 5 de septiembre” y había una “mora” en ese sentido.

Esa postura fue defendida por el presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, la jefa del bloque oficialista, Juliana Di Tullio, la secretaria parlamentaria de la bancada, Teresa García, y el diputado Héctor Recalde, en una conferencia de prensa posterior a la sesión.

Domínguez indicó que los propios auditores actuales, Oscar Lamberto y Vicente Brusca, le habían notificado esta situación irregular y que la intención del bloque mayoritario fue seguir el criterio fijado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

Además, el legislador remarcó que “se privilegió el criterio republicano de esperar a la elección” del 25 de octubre para conocer cómo quedaría conformada la Cámara baja, que, según apuntó, “va a tener el mismo número” a partir del 10 de diciembre.

Según los cálculos oficiales, la representación del kirchnerismo será de 112 diputados, es decir, seguirá siendo la primera minoría, mientras que la UCR tendrá 43 integrantes y el Pro, 42, con lo cual ni siquiera sumando a estos dos bloques cambiaría la relación de fuerzas.

“No podemos entender que los diputados de la oposición se hayan levantado (del recinto), sobre todo con temas tan trascendentes para el país”, lamentó Domínguez.

La oposición sostenía que el nombramiento de los auditores debía hacerse después del 10 de diciembre y advertía que el tema no había sido incorporado en el Plan de Labor Parlamentaria, con lo cual sería necesaria una mayoría especial para habilitar su tratamiento.

No obstante, el oficialismo aclaró que se trataba de una moción que no implicaba “la violación de ningún procedimiento”, y comentó que los bloques opositores ya habían anticipado no sólo que no apoyarían ese procedimiento, sino que judicializarían el tema.

El auditor opositor

El oficialismo interpretó que, para la oposición, la discusión no pasa por el nombramiento de los auditores del oficialismo, sino por el que le corresponde a la segunda minoría parlamentaria.

“El problema de la UCR y el Pro es que no se ponen de acuerdo en quién va a ser el auditor”, reveló Domínguez a la prensa gráfica acreditada en el Congreso.

El titular de la Cámara baja sostuvo que “el problema se originó porque no pueden unificar en una sola persona” la elección del auditor, dada la representación casi igualitaria que tendrán el radicalismo y el macrismo en el futuro Congreso.

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